Puno elegirá gobernador con pobreza y obras sin concluir
Jhomar Tonconi y Eduardo Quispe disputarán la segunda vuelta en una región con dificultades de empleo y salud infantil. Los recursos del canon y las regalías forman parte de las cuentas regionales, mientras continúan pendientes obras necesarias para la población.
Redacción Vigilante
Publicado 7:33 pm, 21 octubre, 2026
Puno definirá su próximo gobierno entre Jhomar Marcelino Tonconi, de ASI–Juntos por el Perú, y Eduardo Quispe, de Ahora Nación. Ambos ofrecen responder a necesidades que atraviesan la vida cotidiana de la región: acceso a servicios, trabajo y mejores condiciones para las familias.
Tonconi ha puesto entre sus propuestas la conclusión del proyecto integral de agua y alcantarillado de San Román y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. El proyecto de saneamiento depende del Ministerio de Vivienda, por lo que su avance exigirá coordinación con el Ejecutivo y una delimitación de las responsabilidades regionales. Quispe, por su lado, apuesta por parques industriales y por ampliar la actividad formal, una propuesta urgente para una región que, según el IPE, tiene al 88% de su PEA en la informalidad. Estas propuestas resultan especialmente relevantes en una región donde el subempleo alcanzó el 69,4 % en 2025, según información del INEI.
Las necesidades detrás de las promesas
La región Puno afronta no solo dificultades relacionadas a la crudeza del clima, sino también realidades socioeconómicas que recrudecen la precariedad laboral y económica por la cual miles de familias en la región pasan. En 2025, la pobreza monetaria afectó al 37,5 % de la población puneña. A esa dificultad se suma la anemia, que alcanzó al 56,1 % de los niños de 6 a 35 meses, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), dirigida por el INEI.
La región cuenta con recursos públicos para atender parte de estas necesidades. Hasta el 6 de octubre, el Gobierno Regional había recibido S/ 657,1 millones en transferencias del Estado, incluidos S/ 115 millones por canon y regalías mineras. Sin embargo, la ejecución de infraestructura sigue siendo un problema, algo inversamente proporcional a las transferencias de la región. La Contraloría registraba 221 obras paralizadas en el departamento a agosto de 2026, una carga que obliga a combinar cualquier nueva propuesta con la recuperación de los proyectos detenidos.
El siguiente gobernador deberá actuar sobre dos frentes: mejorar los servicios públicos y facilitar condiciones para generar mejores empleos. La segunda vuelta permitirá evaluar cómo Tonconi y Quispe vinculan esas tareas con los recursos disponibles y con las competencias reales del Gobierno Regional.