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Fiscalía vs Poder Judicial: otro choque de poderes en medio de una crisis política
Redacción Vigilante
Publicado 12:43 pm, 26 octubre, 2022
La titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, acompañada de jueces supremos, emitió un pronunciamiento para rechazar la presión de «un funcionario del Ministerio Público», en medio de los pedidos del fiscal Rafael Vela para que el juez César San Martín se aporte del caso Lava Jato.
La crisis política, que tiene como protagonistas al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República, llegó a un nuevo punto de quiebre con la recolección de firmas para la vacancia presidencial en medio de una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía. A ello se sumó el pedido de activación de la carta democrática de la OEA de parte del gobierno de Pedro Castillo a modo de salvavidas en medio de varias investigaciones fiscales.
Al crispado escenario por las fricciones en ambos poderes del Estado ahora se suma un roce entre el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP). ¿Qué sucedió entre ambas entidades? La tarde del martes 25, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se pronunció acompañada de todos los integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para marcar su postura sobre la visita de la OEA al país.
Lo que llamó la atención es que Barrios también rechazó “cualquier acto de intimidación y presión» que viene realiza «un funcionario del Ministerio Público». La titular del PJ no dio el nombre del funcionario al que hacía referencia, pero se trataríua del coordinador de Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, se pronunció en una entrevista con Perú21 sobre el juez César Martín, al remarcar la necesidad de que el magistrado supremo se inhiba o aparte de manera permanentemente de los casos Lava Jato. «Presumimos inconductas funcionales graves«, insistió otra vez en el tema el martes 25 de octubre, en Exitosa.
El 2 de noviembre próximo una sala suprema analizará la casación del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para definir si los aportes vinculados a Odebrecht son o no ilícitos. Cabe recordar que el MP y la Procuraduría pidieron que se aparte del caso a San Martín, pero cinco jueces supremos indicaron que no había motivación ni incompatibilidad para ello.
Fuentes del Poder Judicial explicaron que la postura de Vela generó malestar en San Martín, lo que habría motivado el pronunciamiento de los miembros de la Sala Plena, ya que lo dicho por el fiscal sería un intento de presionar por su salida. Además, un hecho de relevancia que se suma a este escenario es que el 8 de noviembre varios jueces pasarán por un proceso de ratificación ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entre ellos Barrios y San Martín.
“La Constitución reconoce a todas las personas el derecho fundamental a la crítica de las resoluciones judiciales y del desempeño funcional de quienes imparten justicia. Este derecho, sin embargo, debe ejercitarse, cuando se trata específicamente de integrantes de la carrera fiscal, con lealtad procesal y en los marcos de prudencia y veracidad que exige el desarrollo de los procesos jurisdiccionales, así como con el respeto debido, más aún cuando se trata de jueces de la más alta instancia judicial, bajo el entendido de que, en todo caso, tales cuestionamientos, al tratarse de un proceso en trámite, han de ser ejercitados por un fiscal de similar rango y en sede procesal, no a través de una insistente campaña mediática que busca apartar a un juez supremo del conocimiento de una causa en sede de casación”, señalaron desde la Corte Suprema en un comunicado oficial.
JNJ RECOMIENDA SEPARAR A BARRIOS
Pero la situación no quedó allí. Pocos minutos después de que se conociera la postura del PJ sobre el actuar del “funcionario del MP”, se difundió un informe de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que recomienda la destitución de la presidenta del Poder Judicial, debido a la contratación irregular de su esposo, Eduardo Laca Rivadeneira, como funcionario del Jurado Nacional de Elecciones en 2018.
“Dar por concluido el procedimiento disciplinario abreviado y, en consecuencia imponer a la Jueza Suprema investigada Elvia Barrios Alvarado, la sanción de destitución al haber incurrido en la falta grave prevista en el artículo 48, inciso 12, de la Ley Nº29277, Ley de la Carrera Judicial”, se lee en el informe de Guillermo Thornberry remitido al presidente de la JNJ, Henry Ávila.
Tras conocerse del hecho, la junta emitió un pronunciamiento en el que remarcó que “las decisiones que adopta la JNJ se traducen en resoluciones debidamente motivadas, justificadas y argumentadas, con fundamentos de hecho y de derecho”.
“Los contenidos de un Informe de Instrucción no son vinculantes para el Pleno de la JNJ y no enervan la presunción de licitud de las actuaciones objeto de investigación de los magistrados investigados”, agrega el documento.