Alerta a puertas de las Elecciones Regionales 2022. Centro Liber realizó un informe en el que evidencia cómo todos los gobernadores regionales del país tienen investigaciones abiertas. Próximas elecciones de octubre llaman a la ciudadanía a votar con responsabilidad y evitando elegir a cuestionados candidatos.
El 2 de octubre se realizarán las elecciones regionales y distritales 2022 a nivel nacional, donde más de 24’760,062 de peruanos están habilitados para votar, con la finalidad de elegir a las autoridades que tendrán la responsabilidad de implementar estrategias y medidas para mejorar la calidad del gasto público que impacte positivamente en sus ciudadanos.
De acuerdo a un informe de EC Data, el 12% de candidatos a cargos de representación a nivel subnacional cuentan con antecedentes judiciales. Es decir que, de los más de 11 mil postulantes a gobiernos regionales y municipalidades, 1,403 registran antecedentes penales y/o civiles. Al desglosar esta cifra nos encontramos que 972 tienen antecedentes de tipo civil, mientras que 627 antecedentes penales. Un total de 197 consignaron en su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contar con antecedentes de ambos tipos.
Sin dejar al margen este tema, es esencial analizar a quienes aún son autoridades en las 25 regiones del país. Un estudio realizado por el Centro Liber reveló una preocupante situación, pero que sirve para, precisamente, elegir con mayor criterio.
Con información derivada del Sistema Informático de Consulta de Casos a Nivel Nacional del Ministerio Público, el informe detalla que los 25 gobernadores regionales del Perú cuentan con un mínimo de dos hasta un máximo de 62 investigaciones fiscales activas. En total son 557 investigaciones fiscales activas contra los gobernadores regionales, de los cuales el 70% involucra delitos de corrupción.
PASCO: UBALDO, EL MÁS RANKEADO
El actual gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar, lidera la penosa lista pues tiene un total de 62 casos activos en el Ministerio Público, dos en investigación formalizada, 24 en etapa preliminar y uno con acusación. La mayoría de casos son por delitos contra la administración pública, negociación incompatible, concusión, abuso de autoridad y peculado.
Uno de los casos mediáticos de presunta corrupción en los está involucrado Ubaldo, tiene que ver con la construcción del Hospital Roman Egoavil Pando, que comenzó en noviembre del 2019. El presupuesto asignado fue de 108 millones de soles, sin embargo, en noviembre del 2021, la cifra superaba los 130 millones de soles, mientras que solo se registra un 30% de avance en la obra.
LORETO: OCHOA Y LOS NUEVES MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA
El segundo puesto, solo con dos casos menos, lo ocupa el gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, a quien se le abrió investigaciones desde que llegó al máximo cargo regional por presuntos delitos de tráfico de influencias, usurpación, enriquecimiento ilícito, seguidas por un largo etcétera.
En marzo del presente año, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Ochoa. De acuerdo a la investigación fiscal, Ochoa y otros funcionarios autorizaron la contratación de servicios de alimentos y alojamiento para los ciudadanos varados durante la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, sin embargo, se advirtió que los contratos carecen de la firma de proveedores, pero los desembolsos fueron ejecutados.
APURÍMAC: LANTARÓN EN LA MIRA
Con más de 30 denuncias sigue en la lista, Baltazar Lantarón, gobernador de Apurímac, una de las regiones que más conflictos sociales vivió desde la llegada del gobierno de Castillo por el bloqueo del Corredor Minero Sur. Y aunque Lantarón marcó distancia del mandatario y exigió soluciones, no se pronunció sobre las 35 investigaciones que tiene en encima por delitos de tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo, concusión, nombramiento ilegal de cargo público, peculado, negociación incompatible y tráfico de influencias. Tres de los casos se encuentran con investigación preparatoria formalizada, dos con acusación y 11 con archivo preliminar.
Uno de los casos más conocidos es su investigación por delitos de corrupción por la presunta compra irregular de 10 ambulancias por S/3.6 millones, en medio de la Emergencia Sanitaria por la Covid-19. Fue así que en agosto del 2020, el Ministerio Público y la Policía allanaron las viviendas del gobernador ubicadas en Abancay y Lima.
PIURA Y HUANÚCO: EMPATE EN CARPETAS FISCALES
Otros dos gobernadores con similar número de carpetas fiscales abiertas son Servando García Correa, gobernador de Piura, con 34 delitos en investigación; y Juan Manual Alvarado Cornelio, gobernador de Huánuco con 32 investigaciones abiertas en su contra.
En cuanto a los casos de García, 11 se encuentran en la etapa preliminar, una con investigación preparatoria formalizada, y otras 11 con archivo preliminar. Entre los casos emblemáticos del gobernador de Piura está el de las cartas fianzas falsas, valorizadas en S/3 956 848, pagadas por su gestión al consorcio a cargo de la obra de mejoramiento del centro de salud de Máncora.
Mientras que Juan Alvarado, es el gobernador que se encuentra suspendido y prófugo. Pues en marzo del presente año la Fiscalía Anticorrupción dictó 18 meses de prisión preventiva para el gobernador regional de Huánuco. Esta medida se debe a la compra irregular de 7995 laptops, en la que se halló un posible perjuicio de 23 millones de soles.
AYACUCHO, JUNÍN E ICA: EL TRIO DE INVESTIGADOS
El tridente de gobernadores con más de 29 investigaciones son los siguientes: Carlos Alberto Rua Carbajal, gobernador de Ayacucho con 31; Fernando Orihuela Rojas, gobernador de Junín, y Javier Gallegos, gobernador de Ica, ambos con 30 casos.
Desde el 2019, Orihuela registra denuncias por delitos de abuso y resistencia a la autoridad, nombramiento ilegal de cargos públicos, colusión, organización criminal, peculado, concusión, violencia contra la autoridad, negociación incompatible, entre otros.
Cabe precisar que, Orihuela guarda vínculos con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerron. Ambos fueron denunciados en el 2021 por proporcionar irregularmente resguardo policial a Cerrón.
Por su parte, Carlos Rua cuenta con múltiples denuncias por negociación incompatible, abuso de autoridad y malversación de fondos. Uno de los casos emblemáticos de la Fiscalía contra Rue tiene relación con varios hoteles que la autoridad regional tendría en el distrito de Sivia (Huanta) como en la ciudad de Ayacucho, bajo el rubro de vivienda comercial. Además, presentaría otros dos hoteles más en la ciudad de Quillabamba, región Cusco a nombre de terceras personas.
EL RESTO BAJO LA LUPA
En un tercer grupo con una veintena de casos se encuentran Ricardo Chavarría Oria (Lima) con 29 investigaciones; Manuel Llempén (La Libertad) y Juan Tonconi Quispe (Tacna) ambos con 27 casos aún en investigación; Jean Paul Benavente García (Cusco), con 24 y Oscar Altamirano Qusipe (Amazonas) con 20 investigaciones fiscales.
Finalmente, con menos de 20 casos encontramos a Francisco Pezo Torres (Ucayali) con 19; y Anselmo Lozano Centurión (Lambayeque) y Maciste Diaz Abad (Huancavelica) con 18 carpetas fiscales abiertas. Además de Henry Borja Cruzado (Ancash) con 16 investigaciones y Zenón Cuevas Pares (Moquegua), con 13 casos aún en proceso. También se suman Dante Mandriotti Castro (Callao), Germán Alejo Apaza (Puno) y Mesias Guevara Amasifuen (Cajamarca), con 10 , siete y cinco investigaciones.
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