Procuradora general estaría retrasando designaciones y guardó silencio en interrogatorio al presidente Castillo
Adrian Moscoso
Publicado 4:31 pm, 24 junio, 2022
María Caruajulca fue designada por el presidente como titular de la Procuraduría General del Estado, encargada de proteger los intereses estatales, pero no los del gobierno de turno. Sin embargo, una serie de situaciones cuestionables ponen en jaque el correcto funcionamiento de la entidad.
Todo parece apuntar que el presidente Pedro Castillo designó a una procuradora a su medida. La abogada María Caruajulca, titular de la Procuraduría General del Estado (PGE), entidad encargada de defender los intereses estatales, pero no los del gobierno de turno.
La llegada de Caruajulca se dio en medio de una polémica situación generada por la arremetida del premier Aníbal Torres en contra de su antecesor, Daniel Soria, quien finalmente fue destituido del cargo tras denunciar ante la fiscalía al presidente Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en el caso Puente Tarata III.
Soria defendió la importancia de mantener la transparencia desde el Ejecutivo y, luego de solicitar información sobre las personas que visitaron el despacho clandestino de Castillo en Breña, mantuvo su postura a favor de una investigación al mandatario.
Así, tras la salida de Soria, la designación de Caruajulca levantó suspicacias, precisamente porque fue designada por Castillo y el exministro de Justicia, Ángel Ydelfonso. Ya con cinco meses en el cargo, la procuradora recibe críticas desde dentro de la misma entidad, debido a su falta de interés por mantener a flote el trabajo que por años realizó la Procuraduría.
A ello se suma su nula participación en el interrogatorio que realizó el 17 de junio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al presidente Castillo en el marco de la investigación que se le sigue como supuesto cabecilla de una organización criminal enquistada en el aparato estatal para direccionar obras públicas.
¿SILENCIO CÓMPLICE?
La procuradora no dijo absolutamente nada durante la diligencia, a pesar que dentro de sus competencias está la de realizar las preguntas que considere pertinentes, reveló Perú21. ¿Es esa la defensa que el Estado requiere?
Además, Caruajulca estaría bloqueando el avance del Plan de Implementación de la Procuraduría General del Estado, que busca la independencia de todas las procuradurías a nivel nacional.
El 8 de junio firmó una resolución mediante la cual reconformó la cantidad de integrantes y dejó en la incertidumbre el plazo de acción de la Comisión Especial.
Cabe mencionar que Soria, en agosto del 2021, dispuso que la versión final del plan se presente dentro de los 120 días con posibilidad de ampliaciarse una sola vez. Sin embargo, Caruajulca eliminó ese plazo a 180 días “después de la entrada en vigencia de los instrumentos de gestión necesarios para el funcionamiento óptimo de la entidad”.
“Había un equipo técnico que había avanzando en un 90% el plan de implementación, lo habían presentado y validado con cada dirección, había un plan a mediano plazo. Pero la señora trajo abajo al equipo, sacó al personal (…) El impacto es que las procuradurías van a seguir dependiendo de cada municipalidad o gobierno regional, por ejemplo, donde hay hechos de corrupción. No hay voluntad de hacer cambios. No hay plazos, algo que defina cómo se va a llevar el plan”, advirtió una fuente citada por El Comercio.
DEMORAS CLAVES
Otra situación que alertaron desde la interna de la misma Procuraduría eue que la Caruajulca aún no designa a los reemplazos de los funcionarios que renunciaron tras su llegada. Es el caso de Julio Talledo Chávez, director de la Oficina de Control Funcional, quien desde más de 30 días está encargado de la Dirección de Aplicación Jurídica Procesal, a la espera de que se designe al titular de esta última instancia.
“Esta última es la oficina encargada de asesorar a todos los procuradores y elaborar estrategias de defensa”, comentó la fuente.
También es el caso de Geiser Grandez Alvarado, director de la Dirección Técnico Normativa, que desde hace 90 días es interinamente el cargo de gerente general.
La demora en la designación genera un serio retraso en las funciones que cumple la PGE y abre una brecha para que se filtren casos irregulares que ensombrecen al Estado.