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Asociación de Clínicas del Perú: “El gran problema de la salud es el financiamiento público”

Redacción Vigilante Publicado 6:18 pm, 16 Junio, 2022

El representante del gremio, Hernán Ramos, sostuvo que “los fondos del SIS no cubren ni siquiera la atención integral de sus asegurados en los propios hospitales públicos, donde muchas veces al asegurado le hacen comprar sus implementos y medicamentos en farmacias fuera del hospital”.

ACP: “Vemos que este aseguramiento es insuficiente a nivel de cobertura en procedimientos médicos y farmacia”

El gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), Hernán Ramos, se presentó el martes 14 ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, para evaluar las dificultades del sector salud, y aseguró que el gran problema de la salud en Perú pasa por el financiamiento público.

“La gran discusión no debe ir por el monto que cobran las clínicas respecto a una atención en salud, sino por quién es el responsable de pagar por esa atención o cómo se financia para que más peruanos tengan acceso a servicios de salud en la oportunidad que lo requieran, (…) siendo el acceso a la salud un derecho humano fundamental, en un contexto en el que el Estado no está siendo efectivo”, indicó.

El representante de las clínicas detalló que, si bien hoy el Estado brinda un aseguramiento, a través del SIS, para todos los ciudadanos que no cuentan con una cobertura en salud, “vemos que este aseguramiento es insuficiente a nivel de cobertura en procedimientos médicos y farmacia, principalmente y, lo que es peor, termina siendo ineficiente para atender las condiciones de salud de los peruanos y peruanas que la necesitan”, comentó Ramos.

“A través de un estudio realizado por la Digemid en 2021, sabemos que el gasto de bolsillo en salud creció, llegando a los 11 mil millones de soles para 2019, de los cuales el 69% corresponde a asegurados del SIS o Essalud que no logran tener una atención completa. Ello sucede porque el financiamiento de estos sistemas es insuficiente. (…) el SIS tiene alrededor de 24 millones de asegurados y asigna aproximadamente 95 soles por asegurado al año”, puntualizó el representante de la ACP.

“Los fondos del SIS no cubren ni siquiera la atención integral de sus asegurados en los propios hospitales públicos, porque muchas veces al asegurado le hacen comprar sus insumos y medicamentos en farmacias fuera del hospital, lo que no debería pasar pues el Estado debe proveer de ello a este ciudadano”, complementó Hernán Ramos.

En la cita también estuvo presente Juan Carlos Velasco Guerrero, Superintendente Nacional de Salud (Susalud); Carmen Teresa Ponce Fernández, directora general de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid); y William Ludeña Mendoza, presidente de la Asociación de Consumidores Huk-Vida.

“El Estado es el llamado a garantizar el acceso a los servicios de salud de todos los ciudadanos”.

CRISIS POR PANDEMIA

Ramos refirió que la ciudadanía se enfrenta a un segundo gran problema, ya que el Estado tiene una brecha muy grande en infraestructura de servicios de salud, por lo que una gran parte de la población no puede acceder a servicios de salud públicos, teniendo que recurrir a los servicios privados.

En esa línea, recordó que esta situación se agudizó con la pandemia, cuando los hospitales estuvieron saturados. Ramos indicó que, en un hospital público, un ciudadano que necesita del servicio médico tiene que superar una larga cola de espera, “incluso meses” hasta que haya disponibilidad del servicio. Debido a ello, estos ciudadanos acuden al servicio privado para que se les atienda de manera más rápida.

“Aquí se presenta una primera gran controversia porque no es justo que un ciudadano no pueda acceder a un servicio de salud si no tiene los recursos económicos para pagar por dicho servicio en un establecimiento privado; en ese caso, el Estado es el llamado a garantizar el acceso a los servicios de salud de todos los ciudadanos”, explicó Ramos

REGULACIÓN INTELIGENTE

El gerente de la ACP indicó además que una segunda preocupación del Estado debería ser la de asegurar la calidad y seguridad en el manejo de los pacientes. Según Ramos, en el Perú hay cerca de 8 mil establecimientos privados de salud, muchos de los cuales se preocupan por acreditar sus servicios con estándares internacionales, invierten en equipamiento e innovación.

“Es falso que se diga que el sector privado no quiere ser regulado; nosotros consideramos que la regulación es importante en un sector tan delicado como en el que estamos, pero de manera inteligente y que nos permita innovar en servicios”, dijo Ramos.

¿CONFISCACIÓN POR PANDEMIA?

El ejecutivo de la ACP se refirió al Decreto Supremo Nº 006-2022-SA, aprobado en mayo de este año, el cual señala que, en una situación de emergencia sanitaria, el Estado puede confiscar bienes de establecimientos de salud privados para ponerlos a disposición de los establecimientos públicos.

El problema de brecha en infraestructura en salud que tiene el Estado no se resuelve con una norma que confisca equipos del privado para llevarlos al público; la solución pasa por comprar equipos si el Estado no los tiene, pasa por desarrollar su infraestructura pública para atender las necesidades de salud que tiene la ciudadanía”, mencionó.

“Además, esto no solo pasa por un problema de vulnerar el derecho a la propiedad privada, es principalmente una vulneración del derecho de acceso a la salud que tienen los pacientes del sector privado; porque esos bienes, sean equipos o infraestructura, están destinados a la atención de estos pacientes”, indicó Ramos.

“Entonces esta norma no solo no mejora los servicios de salud del sector público, sino que afecta al servicio privado, cuando lo que se debería hacer son mejores contratos entre el sector público y privado para que en una situación de emergencia se brinde el acceso a la salud que todos merecen y necesitan”, agregó.

Finalmente, el representante de la ACP expresó la mayor disposición por parte del gremio que representa para trabajar mesas técnicas junto con las autoridades de Salud, para encontrar soluciones conjuntas en favor de ampliar la cobertura de los servicios de salud en el país. “De enfrentarnos a una nueva situación de emergencia sanitaria, las consecuencias podrían ser fatales”, concluyó.

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