| ECONOMÍA
Castillo y su entorno suman 12 investigaciones fiscales en 10 meses de gestión
Redacción Vigilante
Publicado 6:25 pm, 2 junio, 2022
El profesor chotano se convirtió en el primer presidente en funciones en ser investigado por el Ministerio Público por presuntos hechos cometidos durante su gestión.
El profesor chotano se convirtió en el primer presidente en funciones en ser investigado por el Ministerio Público por presuntos hechos cometidos durante su gestión.
A 10 meses de su gestión, la situación legal del presidente Pedro Castillo se complica, así como la de su entorno, porque acumulan al menos 12 investigaciones fiscales por distintos delitos, tras los graves hechos de corrupción que se han destapado en el gobierno.
De hecho, el mandatario, que acaba de cumplir 100 días sin declarar a los medios, es el primer presidente de la República en funciones en ser investigado por el Ministerio Público por presuntos hechos cometidos durante su gestión.
Esta semana, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió incluir a Castillo en la investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, en la que ya figuraba su exministro Juan Silva, tras recibir sendos informes de la Fiscalías Anticorrupción y la Fiscalía contra el Lavado de Activos con nuevos elementos sobre la red de corrupción denunciada en el MTC para direccionar obras públicas. La defensa del mandatario ya desplegó una estrategia legal para evitar que sea investigado.
En total, hay 12 expedientes abiertos en el Ministerios Público contra el presidente y personas de su entorno, incluida su esposa, la primera dama Lilia Paredes, investigada por dos casos: uno por el presunto plagio de la tesis que hizo con el mandatario, y el otro por entorpecer la justicia.
Los tres primeros escándalos en el gobierno se dieron a poco de iniciada la gestión de Castillo. Primero fue el caso Puente Tarata, en noviembre del año pasado, cuando la fiscalía inició una investigación por la licitación de un puente vehicular sobre el Río Huallaga, en San Martín, otorgada por Provías Descentralizado al Consorcio Puente Tarata III. El contrato fue declarado nulo tras la irregularidades.
Luego se conoció la injerencia política por los ascensos en las Fuerza Armadas y las presiones al jefe de la Sunat para beneficiar a una empresa. En ambos casos, el protagonista fue el hoy prófugo exsecretario presidencial Bruno Pacheco.
Y así, el hilo de la madeja se fue desenredando, por ejemplo, en Petroperú, por ejemplo, donde se favoreció de manera irregular con la compra de biodiésel a la empresa de Samir Abudayeh, un asiduo visitante de Palacio. En este caso también está implicada la lobista Karelim López, hoy colaboradora eficaz de la fiscalía.