Contraloría responde a Boluarte y aclara que sí se le pidió descargos antes de emitir informe
Redacción Vigilante
Publicado 10:20 am, 26 mayo, 2022
La vicepresidenta intentó desacreditar el informe de la Contraloría donde se muestra una presunta infracción constitucional, la cual generó que se presenten dos acusaciones constitucionales en su contra desde Renovación Popular y Avanza País.
La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, arremetió contra la Contraloría tras emitir un informe de fiscalización específica que se realizó a sus Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas y de Intereses, en donde se evidenció una infracción constitucional al integrar los consejos directivos del Club Departamental Apurímac y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.
Según la funcionaria, la entidad no le notificó del proceso y, por ello, se vulneró su derecho a la defensa. «Expreso mi protesta por el actuar de Contraloría. Su Informe de Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas 005-2022-CG/FID-FEDJ, de 60 páginas, no me ha sido notificado. Vulnera así mi derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución. ¿Con qué intención lo hace? ¿La Contraloría ignora lo que es una regularización registral? ¿Promueve una sanción política? ¿Quién incumple con su mandato constitucional?», escribió en su red social.
Sin embargo, la Contraloría detalló que sí se le requirió sus descargos y se le notificó la solicitud de aclaraciones dos veces. «Actuamos de manera legal y técnica y en virtud de ello corresponde remitir los resultados de la fiscalización y los hechos advertidos a las entidades que tengan competencia para que los evalúen de acuerdo a sus atribuciones y dispongas las investigaciones y medidas correspondientes», puntualizó.
Tras el informe de la Contraloría, las bancadas de Avanza País y Renovación Popular presentaron, de manera individual, sendas acusaciones constitucionales contra Boluarte, que podrían derivar en que se le suspenda para ejercer cargos en el Estado.