Conflictos sociales: En 7 días, el Gobierno tuvo 24 diálogos y cero resultados
En Ayacucho y Áncash estallaron nuevas protestas con bloqueo de vías; en Moquegua el Ejecutiuvo demoró casi dos meses para tomar medidas ante paralización de Cuajone; y en Apurímac, Las Bambas volvió cesar sus actividades. Hay otros 21 conflictos que pueden estallar en 15 regiones.
Tras nueve meses de gestión, el gobierno del presidente Pedro Castillo ha evidenciado su poca o nula capacidad para afrontar los conflictos sociales en el país, que se han agravado por el alza de precios de combustibles y de productos de primera necesidad, que si bien es un fenómeno global por la invasión de Rusia a Ucrania, en el Perú la crisis se agudiza por la inestabilidad política.
Una muestra de ello es que en los últimos siete días, el Ejecutivo ha tenido 24 diálogos en distintas regiones y provincias que reclaman medidas por el alza del costo de vida, pero sin resultados concretos, como consecuenicia del grave deterioro de la administración pública y la pérdida de personal calificado en los equipos técnicos para la resolución de conflictos.
En la mayoría de casos, el Gobierno no ha tenido una respuesta oportuna ni adecuada, sin ninguna estrategia preventina, porque ha esperado que las protestas estallen para actuar.
Y el denominador común es que donde hay convulsión se anuncie un Consejo de Ministros Descentralizado, lo que implica no solo movilizar a decenas de funcionarios a determinada región, sino todo un costoso despligue de seguridad policial, para que al final no se llegue a nada concreto, como pasó en Junín con el paro agrario, donde la gente que eligió a Castillo le reclamó por su mala gestión y pidió su renuncia.
Este mismo jueves 21 de abril se inició otra paralización de agricultores en varias regiones. En Ayacucho, la medida de fuerza icluyó el bloqueo vías bloqueadas, transporte público suspendido y comercios cerrados. Las organizaciones que convocaron el pato piden declarar en emergencia el agro y medidas ante el alza de combustibles.
Lo mismo se vio en Áncash, donde turistas y pasajeros en general caminan largos tramos para poder llegar a Huaraz, debido a que los manifestantes bloquearon vías con piedras y llantas.
Hay otros 21 conflictos que pueden estallar en 15 regiones, según la Defensoría.
Reacción tardía en Moquegua
La mina Cuajone está paralizada hace casi dos meses porque una comunidad aledaña le cortó suministro de agua al todo el campamento, lo que afecta a unas 5,000 personas, y recién este último miércoles 20 de abril el Ejecutivo reaccionó frente a este conflicto y anunció que declarará en emergencia la provincia de Mariscal Nieto, luego de varios reclamos de los trabajadores afectados y la advertencia de que tomarían ellos mismos medidas ante la inacción del Gobierno.
Aun así, no queda claro qué hará el Ejecutivo, porque mientras el titular de Justicia dice que la intención es restablecer el principio de autoridad y califica de “irracional” el pedido de los comuneros, que exigen US$5 mil millones de indemnización, la ministra de Trabajo, señala que solo se busca proteger la vida de las personas.
Cuajone aporta 7% de la producción nacional de cobre, lo que representa unos US$ 4.8 millones diarios en exportaciones perdidas, así como S/ 2.3 millones de canon y regalías para Moquegua y de S/ 6.2 millones en impuesto a la renta para el Estado Peruano.
Incertidumbre en Apurímac
Mientras el Frente de Defensa de Apurímac anunció paro preventivo para el 26 y 27 de abril, porque el Ejecutivo no atendió petitorio regional presentado en septiembre del año pasado, la mina Las Bambas volvió a paralizar sus activides por protestas de la comunidad de Fuerabamba, lo que implica pérdidas por día para la región de S/ 39 millones.
Esta semana, unos 130 miembros de esa comunidad del distrito de Chalhuahuacho ingresaron a las instalaciones de la minera MMG Las Bambas para protestar por un supuesto incumplimiento de compromisos.
El Gobierno no ha podido evitar que el conflicto en el corredor minero del Sur escale. Solo el año pasado, el entonces premier Guido Bellido viajó seis veces a la zona para atender las demandas de las comunidades, sin ningún resultado concreto. Solo logró treguas, pero no soluciones sostenibles.
Esta es la tercera paralización de Las Bambas en cuatro meses. Y recién este jueves 21, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, llegó a Chalhuahuacho para intentar un nuevo diálogo.
El gobernador Apurímac, Baltazar Lantarón, consideró que la toma de minas por parte de los comuneros “pareciera que fuera planificado desde el Gobierno de Castillo para crear el caos y buscar la estatización de las mineras”.
Con el cese de operaciones de Cuajone y Las Bambas se pone en riesgo el 20% de la producción nacional de cobre y peligran unso 90 mil empleos, en momentos en que este metal registra precios récord en el mercado interbacional.
Diálogo fallido en el Cusco
A todo ello se suma el fracaso de la mesa de diálogo que lideró el premier Aníbal Torres a inicios de esta semana, que no pudo evitar el paro agrario de 48 horas que generó pérdidas por S/138 millones en la región que además es nuestro principal destino turístico internacional. En lugar de abordar los problemas urgentes de la gente, el jefe del gabinete prefirió atacar a la prensa y hasta elogiar al genocida nazo Adolf Hitler.
Si el 21 y 22 de abril próximos, días en los que se realizará un Consejo de Ministros descentralizado con presencia del presidente Pedro Castillo, no hay medidas concretas por el alza de precios de alimentos, combustibles y fertilizantes, las organizaciones sociales reiniciarán las protestas.
El turismo en el Cusco registra pérdidas de alrededor de US$1 millón por cada día de paralización de sus actividades, según la Cámara de Comercio de la región, que advierte que el cálculo puede empeorar si el Gobierno no ejecuta una estrategia preventiva para evitar los conflictos antes de que estos exploten.
Tregua en Ucayali
Por último, el Frente de Defensa de Ucayali anunció un paro para el 2 de mayo, pero los promotores de la medida desistieron porque Ejecutivo anunció un Consejo de Ministros Descentralizado, como lo hizo en otras regiones donde no pudo prevenir los conflictos. En Ucayali piden la declaratoria de emergencia por la inseguridad ciudadana y más énfasis en lucha contra la corrupción.