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Moquegua: Trabajadores de la mina Cuajone reclaman inacción del Gobierno

Redacción Vigilante Publicado 7:26 pm, 12 Abril, 2022

Una de las principales productoras de cobre está paralizada hace 43 días. El Ejecutivo no muestra interés por resolver el conflicto y el gobernador Zenón Cuevas pide que Southern se vaya. Hay 5,000 personas afectadas en el campamento de la empresa por la falta de agua, porque habitantes de comunidades aledañas cortaron el suministro del servicio.

Los trabajadores de Cuajone alista una marcha a Lima en busca de una solución al conflicto (Foto: GLR).

La mina Cuajone en Moquegua, operada por Southern Perú, está paralizada desde el 28 de febrero pasado, debido a que un grupo de habitantes de las comunidades campesinas Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala en la provincia de Mariscal Nieto, iniciaron una protestas contra una de las principales productoras de cobre del país, que incluyó un ataque a sus instalaciones y el robo de equipos de comunicación de la garita de control de la empresa.

Según los comuneros, la compañía ha usurpado sus terrenos, por lo que exigen una indemnización de US$5,000 millones y el pago permanente del 5% de utilidades netas. Como medida de fuerza, bloquearon la vía férrea que lleva a la mina y el 28 de febrero pasado cerraron las válvulas de agua del reservorio Viña Blanda de la unidad minera afectando un hospital, viviendas y áreas comunes, lo que pone en riesgo la salud de las 5,000 personas que viven en el campamento minero.

Debido a ello, y tras 43 días de paralización, los trabajadores de Cuajone protestaron reclamando la inacción del Ejecutivo para resolver el conflicto que genera pérdidas de S/ 8 millones por día en impuestos y regalías para la región. Además, se impide la exportación del mineral por US$5 millones diarios.

“Lamentablemente nos veremos obligados a tomar justicia para conseguir aquello que el Gobierno no puede ni quiere solucionar, a pesar de haber transcurrido cerca de 43 días en que nuestras familias no tienen dicho líquido elemento y si por ello hubiese algún acto violento o resultase alguna persona herida, responsabilizaremos directamente a las autoridades de turno”, detallaron en un comunicado.

Por otro lado, los trabajadores informaron que viajarán a Lima para exigir al Congreso que tome medidas, ya que el premier Aníbal Torres hizo “oídos sordos” a su justo pedido. “Esta es una lucha justa y nos nos detendremos hasta conseguir que se nos restablezca el agua, derecho fundamental así como a la salud, a la educación de nuestros hijos y al trabajo establecidos en nuestra Carta Magna”, finaliza.

Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, declaró que de no encontrarse una solución, la empresa deberá suspender todas sus actividades en el país. “Es posible, no queremos hacerlo, pero mantener esta situación es inviable a corto plazo y por lo tanto es importante e insisto a las comunidades que reflexionen”, sostuvo.

PETARDEA EL IMPULSO MINERO

Lejos de velar por el desarrollo de su región, debido al dinero que obtiene de la actividad extractiva, el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, afirmó que el trabajo que realiza Southern en Cuajone no es “imprescindible” y agregó que si la minera suspende sus operaciones “no faltará otra empresa que quiera seguir explotando la mina de Cuajone”.

“No quiere resolver, simplemente que se vaya (…) Llegó el momento de revisar los contratos porque todo acto contractual es revisable y, si no hay esta voluntad, ¿qué vamos a hacer? Nadie es imprescindible ni en el mundo empresarial”, declaró Cuevas a una radio local.

INSTALAN MESA DE DIÁLOGO

Una Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo, liderada por la ministra de Trabajo, Betssy Chávez Chino, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministro, Jesús Quispe, y la empresa Southern Perú suscribieron este martes 12 un acta para la instalación de una mesa de diálogo.

Esta mesa atenderá las demandas de los comuneros y se permitirá la participación de 18 dirigentes. Además, la empresa Southern retirará las denuncias o cualquier acción legal o judicial interpuestas en contra de las comunidades.

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