La propuesta del Ejecutivo incluye trazabilidad en tiempo real, control de insumos, incentivos y apoyo financiero a pequeños productores. Desde el sector privado, la Asociación de Contribuyentes del Perú promueve el Programa MANA, una alternativa técnica para resolver el principal problema en el sector: la superposición de suelos por parte de mineros informales en concesiones formales.

Dina Boluarte anunció millonarias obras para Cusco: agua, luz, salud, educación y carreteras. Incluso volvió a anunciar proyectos como el Hospital Antonio Lorena y un nuevo COAR, pero los cusqueños ya no confían y siguen esperando soluciones reales a sus necesidades.

Energía solar, Majes Siguas II y nuevos penales: Dina Boluarte incluyó cifras millonarias destinadas a Arequipa en su discurso presidencial. Sin embargo, más allá de los anuncios, persisten las dudas y la ciudadanía teme que estos proyectos terminen como el hospital Goyeneche: eternamente postergado.

La presidenta anunció obras viales, ferroviarias, energéticas y de conectividad para Ica, pero omitió rendir cuentas sobre proyectos clave en agricultura o irrigación, como el Trasvase Ica-Huancavelica, que no estaría operando de forma efectiva.

La jefa de Estado incluyó en su mensaje a La Libertad en proyectos clave: desde escuelas Bicentenario hasta la "Ruta del Papa León XIV". Pero tras analizar las promesas, el patrón es claro: cifras millonarias, cero ejecución y silencio sobre compromisos incumplidos. Los liberteños exigen obras, no discursos.

Boluarte llenó su discurso de promesas para Amazonas: justicia intercultural, puentes y electrificación. Pero entre anuncios millonarios y proyectos “macro”, faltó lo esencial: fechas concretas, beneficiarios específicos y mecanismos de rendición de cuentas. ¿Cuánto llegará realmente a las comunidades más olvidadas de la selva?

Boluarte prometió megaobras de agua, energía y agricultura, pero sin cronogramas claros. Proyectos como Alto Piura y los sistemas de saneamiento suenan ambiciosos, pero la región ya ha escuchado promesas similares antes. ¿Habrá esta vez resultados tangibles o solo quedará en otro catálogo de buenas intenciones?

En su último mensaje presidencial, Dina Boluarte prometió inversiones millonarias para Puno, incluyendo un megaproyecto de agua y desagüe por S/ 1,7 millones para Juliaca y San Miguel; sin embargo, el 76 % de niños menores de tres años en la región sigue afectado por anemia, y la mayoría de anuncios carece de avances, cronogramas o detalles técnicos, dejando más promesas que resultados.

La masificación del gas natural avanza sin reglamento técnico a más de 90 días de promulgada la ley. Mientras tanto Cálidda se expande a siete regiones sin licitación, en un proyecto de US$ 550 millones que podría generarle hasta US$ 1,000 millones en beneficios.

Aunque representan el 95% del tejido empresarial peruano, las Mypes siguen esperando las reformas prometidas. Durante el gobierno de Dina Boluarte se anunciaron millones en apoyo, pero los avances reales son limitados. La informalidad, la inseguridad y la burocracia siguen siendo las grandes barreras.

La presidenta anunció nuevos colegios de alto rendimiento, universidades públicas y más becas, pero el país sigue con una brecha de infraestructura que supera los S/ 158 mil millones.

Mientras el Gobierno hablaba de hospitales y nombramientos, rechazaba fondos clave, desatendía brotes y recortaba presupuestos.

Mientras la presidenta prometía firmeza contra el crimen, los homicidios aumentaron, las mafias se fortalecieron y los presos se fugaron. Un año después, el Perú es más violento, más inseguro y más desprotegido.

El contrato con la concesionaria vinculada a Odebrecht vence en septiembre de 2025. El Gobierno descarta la renovación, pero aún no adjudica una nueva operadora y la incertidumbre crece ante una posible paralización.

Aunque sin mayoría en el Congreso, expertos sugieren que Fuerza Popular y Alianza para el Progreso logran inclinar la balanza en las votaciones clave, lo que consolida su influencia sobre el Ejecutivo y el Legislativo.

La Ley N° 32181, que limita la detención preliminar judicial, sigue vigente pese a las críticas y su impacto en la lucha contra el crimen organizado. Expertos alertan sobre los riesgos de retroceder en herramientas clave para la justicia.

El Poder Ejecutivo presentó el presupuesto público 2025, el cual corresponde a más de S/ 251,691 millones, un 4.5% más en comparación con los fondos asignados este año. Los sectores priorizados por el gobierno serán seguridad ciudadana (S/ 9,488 millones), educación (S/ 49,606 millones) y salud (S/ 30,361 millones).

El congresista de Somos Perú, Luis Cordero, presentó un proyecto de ley que busca derogar el Decreto Legislativo N° 1623, el cual intenta imponer el 18% del IGV a servicios digitales como Netflix, Airbnb, Dropbox, Google Drive, entre otros.

El Congreso aprobó las facultades legislativas a favor del Poder Ejecutivo, el cual contaba entre sus propuestas la creación de un nuevo impuesto para gravar el IGV a las plataformas de streaming y servicios similares. Para el presidente de la Asociación de Contribuyentes de Perú (ACP), esto genera “una dinámica mercantilista".

¿Cómo entender el pedido del Ejecutivo para tener facultades legislativas en materia tributaria? ¿Supone un riesgo para los contribuyentes? La Asociación de Contribuyentes del Perú analizó algunas de las medidas y explicó cómo puede afectar a los peruanos. En el pedido está la “tasa netflix”, la reestructuración del Tribunal Fiscal, eliminar el Régimen Especial a la Renta (RER) y el REMYPE para crear el “Régimen Emprendedor”.

Se reducirá el gasto en la compra de vehículos, pago de combustible, viajes al interior y exterior del país, publicidad, capacitaciones, consultorías y otros.