La autonomía municipal es clave para una gestión eficiente y cercana al ciudadano. Sin embargo, cuando no hay límites claros ni supervisión adecuada, esta independencia puede abrir la puerta a abusos de poder. Casos como el de Miraflores y San Isidro evidencian cómo algunas autoridades estarían usando su autonomía para imponer normas arbitrarias que vulneran derechos fundamentales y exceden sus competencias legales.

Según el MEF, se destinaron S/ 9,537 millones a la ejecución de obras públicas. El gobierno nacional invirtió S/ 4,394 millones, mientras que los gobiernos regionales gastaron en obras públicas S/ 2,240 millones. 

Diversos alcaldes y funcionarios municipales se están convirtiendo en enemigos de la inversión privada. Manejan sus municipios como “feudos” con actos arbitrarios y abusivos que incluso acarrean responsabilidad penal. **

Los gobiernos regionales gastaron el 55% de los fondos públicos. Las regiones de Arequipa, Junín y Ayacucho registran un avance superior al 70%. 

El Estado registra un gasto público equivalente a S/151,160 millones durante el primer semestre del 2023. Esta cifra representa un 6.9% más dinero que el similar periodo del año anterior, lo cual refleja una mayor inversión en obras y programas públicos de S/29,532 millones.

La baja ejecución presupuestal para atender emergencias a nivel nacional pone en grave peligro la vida de miles de familias peruanas. Para 2023, el gobierno transfirió S/3,115 millones para prevenir y atender desastres naturales. De este presupuesto, el Gobierno Central ejecutó el 72.8%, mientras que los Gobiernos Regionales sólo hicieron uso del 43.6%.

Las regiones Cusco, Arequipa, La Libertad, Ancash, Ica, Tumbes y Huancavelica congregan el número de municipios provinciales y distritales que más dinero gastaron en consultorías públicas bajo la modalidad de contrataciones sin proceso. En total, solo 14 gobiernos locales gastaron hasta S/116,665,756, según la Contraloría.

Ayacucho es la cuarta región con el mayor número de obras paralizadas en 2023. En total, se tratan de 120 proyectos inconclusos que evitan que los ciudadanos de la región cuenten con mejores sistemas de agua y desagüe, riego, salud y educación.

Cusco acumula un total de 293 proyectos inconclusos, los cuales representan una inversión pública de S/580,602,854.

La inversión pública en estas obras paralizadas supera los S/24,090 millones. Recordemos que este dinero proviene del bolsillo de los contribuyentes, quienes no reciben servicios de calidad debido a la pésima gestión de las autoridades.

Contraloría reveló cómo se recibió obras inconclusas en el marco de la emergencia por el Fenómeno del Niño; irregularidades que no solo generan un perjuicio económico al Estado, sino que ponen en grave peligro la vida de los ciudadanos de la zona.

Los tres niveles de gobierno efectuaron 3.8 millones de órdenes de compra y/o servicios con un valor igual o menor a 8 y 9 UIT, respectivamente. De este monto, un 52.8% corresponden a las contrataciones sin proceso efectuadas por gobiernos locales siendo en las regiones de Áncash, Cusco y Moquegua donde más se gastó.

Las contrataciones sin proceso son un mecanismo de contratación de proveedores que es utilizado en los distintos niveles del gobierno, en teoría, de manera excepcional por montos iguales o menores a 8 o 9 UIT (alrededor de S/39 000). En 2022 se emitieron 3.8 millones de ordenes de compra y servicio, siendo los gobiernos locales los que gastaron más: S/9.7 mil millones.

Cifras del Ministerio de Economía reflejan cómo el Gobierno Central destina más de S/3 mil millones a la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, sin embargo, hasta el 18 de mayo de 2023, se utilizó menos del 35% del presupuesto en las 25 regiones del país.

Estas obras tienen, en total, una inversión de S/ 22 mil 902 millones, de los cuales falta ejecutar más de S/ 10 724 millones, al 31 de marzo del 2023. Solo entre Cusco y Puno suman más de 500 obras paralizadas.