Reforma del IGV: más dinero para municipios que no saben gastarlo

Raul Pérez Reyes no lleva más de un mes a cargo del ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el relajo fiscal ha comenzado.

El Congreso de la República aprobó una reforma que modifica la distribución del Impuesto General a las Ventas (IGV) para incrementar los recursos destinados al Fondo de Compensación Municipal (Foncomún) a costa de reducir lo que ingresa al gobierno central. La medida contempla duplicar de forma gradual el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) de 2% a 4% entre 2026 y 2029 —subiendo 0.5 puntos porcentuales cada año—, lo que incrementaría en hasta S/ 10 mil millones anuales el presupuesto de los gobiernos locales y reducir el IGV a 14%. En total los contribuyentes seguiremos pagando 18%.

Foncomún es un mecanismo de redistribución clave para el financiamiento de municipios. Sin embargo, en los últimos años, el uso del Foncomún ha estado marcado por ineficiencia en la ejecución, falta de planificación y gasto de bajo impacto. En lugar de cerrar brechas, muchos municipios lo han destinado principalmente a pagar planillas y servicios, desaprovechando su verdadero potencial.

MÁS DINERO PARA QUIENES NO PUEDEN EJECUTARLO

Los gobiernos locales tienen un serio problema de ejecución presupuestal, aumentar el presupuesto del Foncomún no va a resolver un problema de gestión. En la última década, los gobiernos locales dejaron de ejecutar en promedio S/ 11 mil millones de su presupuesto para inversión.

Según el Portal de Consulta Amigable del MEF, entre 2023 y 2025, aproximadamente 5 de cada 10 soles del Foncomún se destinaron a gasto corriente. Además, solo el 22% de este fondo se destinó a inversión pública.

Y no solo se trata de cuánto se ejecuta, sino de en qué se gasta. En 2025, nueve de cada diez proyectos financiados con Foncomún tendrán un presupuesto menor a S/ 1 millón. Este patrón refleja un problema estructural: el dinero no se está destinando a obras de gran escala ni de impacto transformador, como redes de agua, saneamiento, salud o educación.

En regiones como Ica, Moquegua o Tacna, la totalidad de los proyectos ejecutados con Foncomún estuvieron por debajo de ese umbral. Se trata de pequeñas inversiones con escaso impacto en la infraestructura o en el acceso a servicios básicos.

EL RELAJO FISCAL: UNA MEDIDA SIN EQUILIBRIO

No solo es un problema técnico, también es un problema fiscal. Esta redistribución del IGV implicará que el Gobierno Central deje de recibir ingresos equivalentes hasta 0.7% del PBI por año. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advirtió que medidas como esta debilitan la capacidad del Estado para financiar sectores clave como salud, educación y seguridad.

Además, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que, para mantener el nivel actual de gasto, la deuda pública tendría que subir a 34% del PBI en los próximos 10 años, el nivel más alto desde 2006, sin contar los efectos extraordinarios de la pandemia.

Lo más alarmante de todo: la reforma tiene el respaldo del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes. No solo eso, sino también informó que solicitará facultades legislativas para aumentar la recaudación tributaria y flexibilizar la meta de déficit fiscal. Definitivamente, el relajo fiscal está a la vuelta de la esquina. Por dos años consecutivos -2023 y 2024- el país incumplió la meta del déficit fiscal. En 2024 el déficit fiscal fue de 3.6%, cuando el MEF había fijado un límite de 2.2%.

Lo ocurrido con la reforma del IGV confirma una tendencia preocupante: el Ministerio de Economía y Finanzas ha dejado de ser el guardián de la estabilidad fiscal para convertirse en un operador político más. En lugar de defender el orden macroeconómico, el ministro Pérez Reyes ha optado por validar una reforma populista sin sustento técnico, comprometiendo aún más la frágil salud fiscal del país.

El problema ya no es solo del Congreso: es también de un Ejecutivo que, por cálculo político, está dispuesto a sacrificar los fundamentos económicos del país.