La Novena Adenda al contrato de concesión de Cálidda extendería su operación hasta 2043, incorporaría siete nuevas regiones y podría generarle un beneficio de hasta US$ 1.832 millones. La propuesta reabre el debate sobre competencia, licitación y transparencia en la masificación del gas.

El sistema de distribución de gas natural en el sur opera por debajo de su capacidad y continúa bajo administración temporal de PETROPERÚ. Diversos actores plantean que el Gobierno debe definir un nuevo concesionario para ampliar la cobertura del servicio y ejecutar las inversiones pendientes.

Durante su visita a Piura, el ministro Waldir Ayasta anunció que impulsará el desarrollo de una planta petroquímica en Paita y se comprometió a destinar mayores recursos del FISE para acelerar la masificación del gas natural y beneficiar a transportistas y conductores de la región.

El MINEM mantiene paralizada la masificación del gas al no publicar el reglamento que exige la Ley 32315. El país tiene la norma, el fondo y la demanda, pero no la herramienta clave para ejecutar los mecanismos de expansión y competencia que las regiones necesitan.

El 97% de la distribución de gas natural en el Perú estaría en manos de dos empresas colombianas socias de Cálidda: PROMIGAS y Grupo Energía Bogotá. Ahora, buscan ampliar su dominio con una adenda y un esquema de subsidios que podría beneficiar a grandes industrias a costa de los consumidores peruanos. ¿Estamos ante un impulso a la masificación o el intento de consolidar un monopolio?

Óscar Vera, exministro de Energía y Minas, asumió la gerencia de PetroPerú en medio de cuestionamientos sobre su gestión. La petrolera estatal, que acumuló pérdidas de más de S/3,173 millones en 2023, es señalada por expertos y gremios como símbolo de una estructura ineficiente que carga sobre los contribuyentes. Su nombramiento genera dudas sobre un posible monopolio sobre la masificación de gas natural.

El próximo 8 de agosto de 2024 se inicia la Segunda Legislatura del Congreso de la República. Esta es la oportunidad del Parlamento de aprobar por insistencia la Ley de masificación de gas natural, la cual beneficiará a decenas de familias y negocios locales en regiones.

Eduardo Salhuana asumió el rol de presidente del Congreso de cara a la Segunda Legislatura 2024. Entre sus principales retos se encuentra la aprobación por insistencia de la Ley de masificación de gas natural, sin embargo, sus presuntos nexos con la minería ilegal y su cercanía con la presidenta Dina Boluarte abre la interrogante sobre si su gestión logrará promulgan tan importante medida.

La ley de masificación de gas natural no fue promulgada debido a la observación del Ejecutivo. Si el próximo 8 de agosto, inicio de la Segunda Legislatura, no se aprueba por insistencia la medida, decenas de negocios locales y familias no podrán acceder a este recurso a un módico precio. ¿Será capaz Eduardo Salhuana, el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso, de impulsar la promulgación por insistencia de la norma?

La Ley de Masificación de Gas Natural aún no es una realidad en el Perú, debido a que el Ejecutivo observó la autógrafa, presuntamente, por intentar beneficiar a empresas de capital extranjero, autorizando así un monopolio antinatural. El presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, afirmó que esta medida perjudicará a cientos de familias peruanas y a las pequeñas industrias regionales.

Un sector económico no contó el verdadero interés de su propuesta sobre la masificación del gas y buscó traerse abajo la Ley de Masificación. Sin embargo, la noticia positiva es que la Ley se aprobó por insistencia en la Comisión de Energía y Minas y quedó lista para que el Pleno la apruebe. El presidente de la Asociación de Contribuyentes, José Ignacio Beteta, exhortó a que “la masificación del gas se realice en libre competencia y no con monopolios”.

La Masificación de Gas Natural no es una realidad debido a que el Ejecutivo, por injerencia del Ministerio de Energía y Minas, observó la ley y agregó medidas cuestionables. En paralelo, una empresa presentó una adenda para hacerse de la masificación en siete regiones. Con estas movidas, se petardeó el proceso.

Promigas y Grupo Energía Bogotá serían las dos empresas que se beneficiarían con la masificación del gas, lo que generaría un monopolio en la distribución de este recurso en regiones. Para evitarlo, el Congreso debe promulgar por insistencia la Ley de Masificación del gas.