El Niño: cómo los ciudadanos también agravan el peligro en zonas inundables

El riesgo frente al Fenómeno El Niño no comienza cuando llueve. También se genera antes, cuando se levantan viviendas en riberas, se arroja basura en las quebradas o se ocupan espacios que deberían permanecer libres. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) estima que 7,95 millones de personas y 2,31 millones de viviendas están expuestas a riesgo muy alto de inundación ante lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. Lima concentra 2,27 millones de personas en esa condición; Piura, 1,35 millones; y La Libertad, 866 mil.

La advertencia cobra mayor relevancia porque la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño mantiene la alerta de riesgo muy alto —es decir, un evento que podría provocar grandes daños materiales y pérdidas de vidas— y prevé que el evento pueda prolongarse hasta abril de 2027. La pregunta, entonces, no es solo cuánto lloverá, sino qué encontrará nuevamente el agua en territorios cuyo riesgo ya conocemos.

Piura: viviendas donde debía cerrarse un dique

El Niño Costero de 2017 golpeó con fuerza a Piura. Solo en Catacaos, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) registró más de 2.200 viviendas afectadas por las lluvias e inundaciones. Pero el peligro ya era conocido: Santa Julia, Laguna Coscomba, quebrada El Gallo y sectores próximos al río Piura habían sido identificados como zonas de riesgo desde años atrás y en 2023 fueron declarados de riesgo no mitigable, donde las obras de prevención no bastan para garantizar la seguridad de las familias.

No son lugares escogidos al azar. Santa Julia es un humedal, Coscomba comprende dos lagunas, El Gallo es una quebrada y el cuarto sector está junto al río Piura. Son espacios expuestos a inundaciones y otros eventos recurrentes, donde incluso se han levantado viviendas sobre terrenos rellenados y poco adecuados para vivir. En 2023, Vivienda convocó a 134 familias para trasladarlas a zonas seguras. Ciento veinte aceptaron, pero hasta diciembre solo se había informado de la entrega de las primeras 13 casas. Los datos oficiales disponibles no precisan cuántas familias terminaron finalmente el proceso.

El problema no se limita a vivir en una zona peligrosa. En abril de 2024, una inspección de la Fiscalía nuevamente constató viviendas dentro de la faja marginal del río Piura, en Piura y Castilla, que impedían culminar los trabajos de elevación del dique que protege ambas márgenes frente a eventuales desbordes. Un mes después, la Municipalidad de Castilla logró recuperar las zonas y los trabajos pudieron reanudarse tras permanecer paralizados durante tres meses y medio. En ese entonces, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) precisó un dato relevante: el dique en cuestión existe desde antes de 1980. Es decir, antes de que las riberas del río Piura fueran invadidas en los años 2000.

El problema es más amplio que el caso del dique. En marzo de 2026, pobladores de 41 sectores de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre pidieron revisar la delimitación de distintas zonas declaradas de riesgo no mitigable. La discusión de fondo es clara: ¿qué hacer cuando las familias buscan permanecer o formalizar sus terrenos, pero los estudios advierten que esas zonas no son seguras para vivir? El caso de Piura muestra así las dos responsabilidades: ninguna familia debería instalarse en una zona restringida ni interferir con una infraestructura que protege a terceros, pero las autoridades tampoco deberían permitir que esa situación se prolongue hasta pasar por una nueva crisis del Fenómeno El Niño.

Trujillo: basura en la ruta que ya siguió el huaico

En Trujillo tampoco hace falta imaginar por dónde podría volver a ingresar el agua. En marzo de 2017, los huaicos de la quebrada San Ildefonso descendieron por El Porvenir y alcanzaron distintos sectores de la ciudad, incluido el centro histórico. Nueve años después, el municipio estableció una “ruta del agua” compuesta por 91 tramos y 12 territorios vecinales, donde ha distribuido barreras, más de 16 mil sacos de arena para enfrentar posibles inundaciones.

Sin embargo, parte del riesgo continúa generándose en ese mismo recorrido. En febrero de este año, el Gobierno Regional de La Libertad retiró alrededor de 12 toneladas de residuos sólidos que obstruían el libre flujo del agua en un tramo de la quebrada en mención. Un mes antes, el programa municipal Techo Limpio había retirado 315 toneladas de muebles, colchones, electrodomésticos y otros objetos en desuso de viviendas y espacios ubicados en esas zonas. En los últimos años, la Municipalidad Provincial de Trujillo ha señalado que ha capacitado a la población en temas de prevención y atención. Sin embargo, también sostiene que existen alcaldes locales y vecinos reacios a participar.

En julio, la Contraloría informó que el Gobierno Regional de La Libertad había intervenido apenas 21 de 103 puntos críticos de peligro alto o muy alto comunicados previamente por la ANA. La prevención también exige organización vecinal. El ciudadano debe evitar conductas egoístas que agraven el peligro —arrojar residuos en una quebrada, mantener despejadas las rutas del agua y conocer cómo actuar ante una emergencia son responsabilidades ciudadanas concretas—, pero no sustituyen las obligaciones del Estado. La autoridad debe actuar sobre los riesgos que sus propios organismos técnicos ya identificaron.

Chosica: volver a vivir junto al río

Chosica ofrece el caso más explícito. En enero de 2025, la Defensoría del Pueblo constató que cerca de 50 familias del asentamiento humano 27 de Junio, ubicado junto al río Rímac, estaban expuestas ante una eventual crecida. También comprobó que familias damnificadas durante El Niño Costero de 2017 habían vuelto a levantar sus viviendas en la faja marginal del río.

Las advertencias venían de años anteriores. En 2022 ya se habían identificado viviendas, módulos y acumulación de desmonte en distintos puntos de la ribera, y ese mismo año fueron retirados 25 módulos instalados ilegalmente en Los Sauces de Ñaña. Pese a ello, en enero de 2026 la Fiscalía volvió a encontrar viviendas precarias, residuos, desmonte y crianza de cerdos en la faja marginal, además de advertir sobre traficantes de terrenos que aprovechaban estas áreas intangibles.

En febrero, la Municipalidad recuperó espacios próximos al puente Caracol y demolió criaderos de cerdos. Cinco meses después, una nueva diligencia fiscal volvió a encontrar viviendas, piscinas y chancherías dentro de la franja marginal del Rímac. La Fiscalía advirtió que la presencia de estas estructuras e instalaciones dificulta e incluso puede impedir la limpieza y descolmatación del río, ampliando el riesgo más allá de quienes decidieron instalarse allí.

Ese punto es central. Vivir junto al cauce no solo expone a la familia que permanece allí. Si una vivienda, una piscina o una instalación impide una intervención preventiva, también puede aumentar el peligro para terceros. Y cuando las autoridades conocen desde hace años lo que ocurre en estas zonas, la pregunta no termina en por qué una familia decidió quedarse o volver, sino en quién permitió que el problema persistiera.

Prevenir también depende del ciudadano

Vivir junto al cauce de un río es peligroso por una razón simple: cuando las lluvias aumentan, el agua recupera el espacio que naturalmente necesita para pasar. Por eso, la responsabilidad ciudadana empieza mucho antes de preparar una mochila de emergencia: implica no comprar ni levantar viviendas en cauces o riberas restringidas, no arrojar residuos en quebradas, mantener libres las rutas del agua y participar en las acciones de prevención.

Aunque el Estado tiene el deber de evitar estas situaciones, muchas veces las decisiones individuales de las personas son el principal motivo de desastres mayores. La necesidad de vivienda puede explicar por qué una familia llega a una zona de riesgo, pero no eliminar su responsabilidad frente a un peligro conocido.

El problema tiene además un costo colectivo. El Estado utiliza recursos para limpiar cauces, recuperar terrenos, retirar residuos, levantar defensas y reubicar familias. Solo el primer proceso de reubicación revisado en Piura demandó cerca de S/11 millones. No existe una cifra que permita calcular cuánto del gasto nacional en prevención termina destinándose a corregir situaciones que pudieron evitarse, pero los tres casos muestran la misma dinámica: se identifica el peligro, las malas prácticas o la presencia de viviendas persisten y los contribuyentes terminan financiando nuevamente la irresponsabilidad de otros ciudadanos.