Pensiones en debate: exclusión de independientes y subsidios que presionan el gasto público

Los trabajadores independientes ya no estarán obligados a aportar al sistema de pensiones, tras la aprobación de dos cambios en el sistema previsional que impactan directamente a este grupo y a las empresas formales. El primero es el Decreto Supremo N.° 061-2026-EF, que modifica la Ley de Modernización del Sistema Previsional y oficializa la eliminación del aporte obligatorio en línea con lo aprobado previamente por el Congreso. Con ello, se deja sin efecto el esquema que buscaba incorporar progresivamente a este grupo al sistema previsional.

La decisión se sustenta en la estructura del mercado laboral: los ingresos de los independientes son altamente variables y la mayoría opera en condiciones de informalidad. Según la ENAHO, 83.5% de trabajadores no está registrado, y solo entre 16% y 17% de los independientes participa en la formalidad. Además, los niveles de ingreso son bajos: incluso con más de diez años de experiencia, el promedio bordea los S/ 1,300 mensuales, mientras que los trabajadores con menor trayectoria apenas superan los S/ 700. En este contexto, imponer aportes obligatorios reducía su liquidez sin garantizar una pensión suficiente, especialmente para quienes superan los 40 años.

El segundo cambio proviene del Ministerio de Trabajo, que anunció un subsidio estatal para cubrir el 13% del aporte previsional y el 9% de EsSalud de trabajadores de micro y pequeñas empresas. La medida busca incentivar la formalización laboral reduciendo los costos para empleadores y trabajadores. Sin embargo, este subsidio puede significar un alto costo fiscal, aún no cuantificado oficialmente, y que se suma a un contexto de expansión del gasto público. Solo en los últimos meses, el Congreso aprobó normas que agregan entre S/ 7,000 y S/ 11,400 millones al presupuesto anual.

Camila Costa, experta en Políticas Públicas y directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú, sostiene que trasladar el costo de la formalización al Estado genera riesgos de sostenibilidad y no resuelve los problemas estructurales que enfrentan las mypes: trámites complejos, cargas tributarias elevadas y rigidez laboral. Sin reformas que reduzcan efectivamente el costo de operar en la formalidad, los subsidios podrían convertirse en medidas temporales que no modifican los incentivos de fondo.