Contratación permanente del personal CAS: ¿que propone el Congreso?

Ante la proliferación de servicios no personales o aquellos que no generan relación de subordinación entre el trabajador y la empresa estatal, el Estado decidió crear en 2008 el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Actualmente, alrededor de 353 mil personas fueron contratadas bajo el régimen CAS en Perú, siendo el Ministerio de Salud (Minsa) el que concentra un mayor número de personal contratado por esta modalidad (31 mil). Le sigue Educación (20 mil), Poder Judicial (15 mil), Justicia (13 mil) y Ministerio Público (11 mil).

De acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2024, para la creación de puestos de trabajo bajo el Régimen CAS, el costo de estos no puede superar los recursos previstos en el presupuesto institucional de los pliegos involucrados. Sin embargo, el 11 de junio, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó un dictamen que dispone que los trabajadores contratados bajo esta modalidad de servicios posterior a la publicación de la Ley 31131 (después de marzo de 2021) puedan mantener sus puestos de empleo indefinidamente.

La iniciativa indica que, de ser aprobada en el Pleno, estos trabajadores tendrán un contrato indeterminado. Esto encendió las alarmas de los expertos en materia laboral, debido a que aseguraron que vulneraría el principio de meritocracia y no mejoraría la calidad del servicio que ofrecen los empleados del sector público.

El abogado laboralista Ricardo Herrera, socio principal en el Estudio Muñíz, advirtió que esta norma atenta contra la calidad del servidor público, ya que los trabajadores CAS no ingresaron bajo un concurso público de méritos, sino tras un proceso de selección menos exigente.

“Es un proyecto de ley peligroso, que va contra la naturaleza temporal del CAS y contra la profesionalización de los servidores públicos. Tendríamos trabajadores indefinidos que se van a burocratizar, y ya no rendir como antes; nos seguiremos llenando de gente en el Estado sin medir la calidad del profesional”, sentenció.

Por su parte, el abogado laboralista Julio Palomino aseguró que esta iniciativa tendrá un impacto económico para el Estado que quizás ahora no es prudente asumir. Además, quebranta la meritocracia dentro del aparato estatal. “Los contratos CAS deben ampararse en un requerimiento real y de necesidad de la Entidad, y no por favores. Se debe contratar a personal CAS calificado para el puesto que se necesita cubrir”, señaló.