¿Congreso petardea proceso de formalización minera?: aquí los detalles
La Comisión Permanente del Congreso analizará el dictamen que incorpora nuevos requisitos y amplía, nuevamente, el plazo de inscripción por 90 días al Registro Integral de Formalización Minera. Expertos aseguran que esto le abre paso a la minería ilegal, la cual ha lavado activos hasta por US$805,780,835 en 2023.
Gabriela Llontop
Publicado 3:18 pm, 18 enero, 2024
La Comisión Permanente del Congreso de la República evaluará un dictamen, mismo que viene desde la Comisión de Energía y Minas, que promueve reactivar el proceso de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por un plazo de 90 días. Si bien es importante que los mineros artesanales se formalicen y comiencen a extraer los recursos de manera sostenible, es cierto que permitir la reapertura de inscripciones solo permitirá que la minería informal e ilegal gane mayor terreno a nivel nacional.
Esto se debe a que el Reinfo ha perdido eficacia a través de los años y, según mencionan expertos, ahora es aprovechado por la minería ilegal para explorar y explotar yacimientos mineros sin ser sancionados por el gobierno. Si el dictamen es aprobado, esta sería la tercera vez que el Parlamento aprueba la extensión del proceso de inscripción, el cual, por lo general, nunca termina formalizando al minero artesanal y, por el contrario, permite que realice sus actividades sin importar el impacto ambiental a vista y paciencia de las autoridades.
Recordemos que la minería ilegal no solo daña nuestros ecosistemas, sino que también genera millonarias pérdidas económicas al Estado y, por ende, evita que se brinden servicios básicos de calidad a los contribuyentes. Estas actividades ilícitas depredaron entre 2001 al 2020 aproximadamente 2’636,585 hectáreas de bosque, lo que corresponde a una tasa de 8% anual de deforestación. Las regiones más afectadas son Madre de Dios, Piura, La Libertad, Arequipa, Pasco, Ayacucho, Apurímac y Puno, debido a los importantes yacimientos que se ubican en la zona.
Además, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), estas prácticas ilegales habrían lavado activos por un monto de US$805,780,835 hasta noviembre del último año, 7 veces más que en 2022. Esta cifra corresponde a la evaluación de 75 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), los cuales demostraron que la minería ilegal se acerca a los niveles prepandemia, cuando más de US$977 millones se movieron por canales ilícitos.
PROCESOS VIGENTES Y SUSPENDIDOS
Actualmente, 68,721 aparecen como suspendidos, esto corresponde al 78% del total inscrito en el Reinfo. Existen 10 departamentos con el mayor porcentaje de procesos suspendidos, tales como Arequipa (13,260), Puno (8,329), Madre de Dios (7,176), Ayacucho (6,886), Apurímac (6,262), La Libertad (5,058), Ancash (3,970), Cusco (3,405), Lima (2,784) e Ica (2,229).
Esto se debe a que los mineros informales e ilegales se han negado a cumplir con los requisitos mínimos ambientales. Tal y como indica el exministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, “ahí es donde se está camuflando la minería ilegal”.
Gabriela Llontop
Periodista y redactora
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