La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un proyecto de ley que propone otorgar bonos a inspectores de SUNAFIL si aumenta la recaudación por multas impuestas a empleadores. Especialistas y gremios advierten que la medida podría convertir la fiscalización en un mecanismo recaudatorio

El Congreso de la República evalúa un proyecto de ley que, según especialistas, podría ser una amenaza para miles de emprendedores. 

La alta informalidad laboral en el Perú no solo impide el acceso a derechos básicos, sino que también limita gravemente el crecimiento económico del país. Expertos advierten que las trabas regulatorias y fiscales perpetúan un modelo que desalienta la formalización y reduce la productividad.

El asesinato de 13 mineros en Pataz volvió a poner en la mira al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un sistema que, lejos de cumplir con su objetivo, ha permitido que miles de mineros operen sin supervisión efectiva y al margen de la ley.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), un trabajador formal genera seis veces lo que un informal produce. Es decir, la informalidad es sinónimo de baja productividad. No obstante, el alto costo y engorroso proceso de la formalización son factores que impiden que los emprendedores entren al ámbito formal. 

El fracaso del REINFO, las limitaciones de la ley MAPE y una nueva propuesta que busca conocer a mineros ancestrales, podría abrir paso a un modelo de formalización más realista. ¿Será esto posible?

Un 88% de emprendedores quieren ser formales, pero muchas veces las municipalidades obstaculizan este camino al crear barreras burocráticas. El camino hacía la formalidad está lleno de tramitología, altos costos y largos días de espera. Según el RENAMU, las municipalidades cobran, en promedio, S/ 220 para tramitar una licencia de funcionamiento en Perú. Además, solicitan como mínimo 5.7 requisitos para aprobar este documento.  

Proponen proyecto de ley que promueve el reconocimiento indefinido de derechos laborales (CTS, vacaciones truncas y horas extra). Aunque suena bien para los trabajadores, expertos advierten que esta medida desincentivaría la formalización, ya que obligaría a las empresas a mantener vínculos con sus ex trabajadores de por vida, afectando su situación financiera y la predictibilidad de sus procesos.

En un país donde el 88% de los microempresarios informales quiere formalizarse, pero no puede por culpa de un sistema tributario hostil y normas laborales obsoletas, es hora de dejar de culpar a la "cultura" y empezar a señalar al verdadero responsable: el Estado.

Un proyecto de ley busca reducir las tasas del IR para trabajadores en planilla, argumentando que la carga fiscal actual es desproporcionada. La Asociación de Contribuyentes del Perú respalda la medida, destacando su potencial para fomentar la formalización, el consumo y la inversión.

Es tan difícil edificar, urbanizar y generar vivienda formalmente, que también la vivienda peruana termina siendo informal, precaria y vulnerable.

Mientras la SUNAT busca recaudar S/ 177 mil millones en 2025, el 90.6% de las MYPES señalan la carga tributaria como una traba para su formalización. En regiones como Huancavelica, Apurímac y Puno, la informalidad supera el 96%, afectando el acceso a derechos laborales y aumentando la pobreza. #Informalidad #MYPES #EconomíaPeruana

En un país donde más del 70% de la economía es informal, la excesiva burocracia dificulta el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 94.2% del tejido empresarial. Las políticas actuales no solo frenan la formalización, sino que perpetúan un entorno hostil para los pequeños negocios.

La propuesta de incrementar el sueldo mínimo enfrenta críticas de economistas que alertan sobre su impacto negativo en la formalización laboral y las pequeñas empresas. Según Camila Costa, economista de la Asociación de Contribuyentes del Perú, el alza beneficiaría solo al 3% de los trabajadores formales, mientras que podría reducir el empleo formal en 2.5%. En un contexto de inflación creciente, especialistas proponen priorizar políticas que impulsen la productividad laboral.

SUNAT refuerza el control sobre el pago de alquileres para detectar incumplimientos tributarios. Las empresas deberán formalizar domicilios y contratos para evitar sanciones, mientras que arrendadores e inquilinos podrían enfrentar la eliminación de beneficios fiscales como la deducción de gastos y multas.

El Banco Mundial y el Instituto Peruano de Economía proponen medidas centradas en educación, infraestructura y la promoción de la formalidad e inversión privada para combatir los altos índices de pobreza en el país, el cual llegó a 29% en 2023.

El Congreso aprobó la nueva reforma del sistema privado de pensiones, pero expertos cuestionaron la inclusión obligatoria de independientes, debido a que ésta medida podría desalentar el proceso de formalización y generar costos operativos extraordinarios para este grupo de trabajadores.

Congreso le allanó el camino a la minería ilegal. Minería formal reclama más atención y gremios exhortan al Ejecutivo a observar la norma para evitar que las mafias ilegales ganen terrenos en nuestro país.

“Hay 6,000 recicladores formales en este momento y 180,000 informales", explicó Fiorella Danjoy a propósito de la necesidad de implementar políticas públicas para formalizar a los reciclados en el marco del Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Envases y Embalajes.

Un informe de Sunat reveló la existencia de 10 rutas entre Bolivia y Perú que favorecen al contrabando de productos, actividad ilícita que movió US$594 millones durante 2022. Esta situación afecta a la formalización en la región.

La Comisión Permanente del Congreso analizará el dictamen que incorpora nuevos requisitos y amplía, nuevamente, el plazo de inscripción por 90 días al Registro Integral de Formalización Minera. Expertos aseguran que esto le abre paso a la minería ilegal, la cual ha lavado activos hasta por US$805,780,835 en 2023.

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, adelantó que la iniciativa “sería solo para microempresas. Son 2 millones en microempresas, más 6 millones en autoempleo”. Además, busca restablecer el Consejo Nacional de Trabajo, que fue excluido de decisiones laborales clave en el gobierno de Pedro Castillo.

La población ocupada en la ciudad de Moyobamba alcanzó 32 600 personas. En detalle hay 19 400 hombres y 13 200 mujeres trabajando.

La proyección de crecimiento económico para el Perú cayó este mes a 2%. En entrevista con Vigilante.pe, el economista, Enrique Castellanos, sostuvo que se deben simplificar las leyes para hacer que los beneficios de la formalización sean mayores que el costo.