MEF promete no subir impuestos y plantea cambios en el manejo fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) empieza a mostrar señales de un cambio de rumbo en su política tributaria y fiscal. En una entrevista publicada por El Comercio el 24 de octubre, el ministro Cuba aseguró que no modificará ninguna tasa impositiva durante su gestión. El compromiso incluye mantener el Impuesto General a las Ventas (IGV) en 18% y no incrementar el impuesto a la renta, además de preservar las exoneraciones del IGV a los alimentos perecibles y del impuesto a la renta a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Las declaraciones representan una señal para los contribuyentes, especialmente para las empresas y trabajadores formales que ya enfrentan una elevada carga tributaria. Sin embargo, el rumbo del MEF no dependerá únicamente de mantener los impuestos actuales, sino también de cómo administre los recursos públicos y de si evita crear nuevas obligaciones que encarezcan la formalidad.

Uno de los principales anuncios del ministro es la propuesta de flexibilizar la meta fiscal para permitir un déficit de hasta 2,4% del producto bruto interno (PBI) en 2027. La medida otorgaría mayor margen de gasto al Gobierno, aunque también implicaría ampliar la diferencia entre sus ingresos y egresos.

El destino de esos recursos será determinante. Mientras la inversión en infraestructura, servicios públicos y prevención puede contribuir al crecimiento económico, destinar ese margen a financiar mayores gastos permanentes podría comprometer las cuentas fiscales. En ese contexto, genera preocupación la propuesta previa de Cuba de duplicar o triplicar el personal de determinadas entidades públicas para agilizar su funcionamiento, una medida que podría incrementar el gasto corriente sin garantizar mejores resultados.

En materia tributaria, el ministro también anunció la creación de una comisión contra la evasión, encabezada por dos exsuperintendentes de la Sunat, y una revisión de las exoneraciones vigentes. Aunque combatir la evasión es una responsabilidad de la administración tributaria, resulta importante distinguirla de la elusión, que puede involucrar mecanismos de planificación fiscal amparados en la legislación, pero también operaciones cuestionables bajo las normas antielusivas. La fiscalización debe respetar esa diferencia y los derechos de los contribuyentes.

Otro reconocimiento relevante fue el fracaso de la Ley Mype frente a una informalidad laboral que bordea el 70%. Cuba planteó reducir ese indicador hasta el 50%, una meta que exigirá mucho más que medidas de fiscalización. Simplificar los regímenes tributarios, reducir los costos de cumplimiento y eliminar barreras burocráticas serán factores fundamentales para incorporar a más trabajadores y empresas a la economía formal.

En paralelo, el ministro descartó destinar nuevos recursos públicos a Petroperú y anunció el abandono del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), al considerarlo un mecanismo de subsidio generalizado. Ambas decisiones apuntan a revisar intervenciones estatales que han comprometido recursos fiscales y cuyo costo termina siendo asumido por los contribuyentes.

Los anuncios abren la posibilidad de una política económica más cuidadosa con la presión tributaria y el uso del dinero público. No obstante, mantener las tasas impositivas será insuficiente si el Gobierno continúa ampliando el gasto corriente o trasladando nuevas cargas a quienes ya cumplen sus obligaciones.

Ante ello, la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) ha advertido reiteradamente sobre la presión que soportan los contribuyentes formales y la necesidad de priorizar la eficiencia del gasto público. Los compromisos del MEF constituyen un primer paso, pero deberán reflejarse en decisiones concretas: evitar nuevos impuestos, facilitar la formalización y garantizar que los recursos recaudados se traduzcan en mejores servicios, en lugar de financiar una estructura estatal cada vez más costosa.