Empresa de los sobrinos del ministro Serna logra contratos millonarios con el Estado
Outsourcing Green SAC, de propiedad de los familiares del actual titular de Educación, obtuvo un contrato con Petroperú por casi 5 millones de soles y también con otras entidades públicas. Aunque la prohibición legal no alcanza a los sobrinos de un alto funcionario, expertos piden investigar un posible tráfico de influencias.
¿Más contratos irregulares para familiares de miembros del gobierno? Durante el gobierno de Pedro Castillo se han revelado varios casos donde familiares de ministros, que hasta el momento suman más de 70, se han beneficiado con contratos o ordenes de servicios con el Estado con montos bastante sustanciosos.
A los casos del premier Aníbal Torres, de la vicepresidenta Dina Boluarte, al ministro de la Producción, Jorge Prado, ahora se suma el del ministro de Educación, Rosendo Serna, quien además es uno de los escuderos del presidente y su entorno familiar ante las investigaciones que se siguen en Fiscalía por organización criminal y corrupción.
De acuerdo a Willax, Angela Georgina Serna Chávez, sobrina del ministro de Educación, logró un contrato Petroperú por casi S/.4.9 millones, a través de su empresa Outsourcing Green SAC, por el “servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos peligrosos derivados de los trabajos de contención y limpieza de la emergencia ambiental del km 609+541 tramo II del Oleoducto NorPeruano”, según se ve en la página oficial del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
Lo relevante es que la fecha de la buena pro fue el 08 de abril del 2022, cuando Rosendo Serna ya era ministro de Educación, porque designado el 01 de febrero
Pero no es el único detalle a relucir. Según la declaración jurada de Serna, sus otros sobrinos también son parte de la empresa Outsourcing Green SAC (OGREEN). Ellos son Arnulfo Serna Chávez (gerente de operaciones) , María del Carmen Serna Chávez (jefe de cuentas claves) y Elmer Marcelo Serna Daza (ingeniero ambiental).
Así, durante la gestión de Serna en el gobierno, la empresa de sus sobrinos logró jugosos contratos con el Ministerio Público, Agro Rural, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera y la Corte Superior de Justicia de Lima. Outsourcing Green SAC tiene permiso para contratar con el Estado desde el 2012 y a partir del 2013 empieza a contratar con Petrperú, mientras que en 2017 se le renovó la licenca como proveedora del Estado de forma indefinida.
La Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) estipula en su literal d del artículo 11 que están impedidos de contratar con entidades públicas “el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” de ministros y viceministros.
Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), explicó a Vigilante.pe que la norma en mención “prohíbe a los parientes de los ministros hasta el segundo grado de consanguinidad”.
“En ese grado no están los sobrinos, no se les aplica ese impedimento, pero hay que tomar en cuenta que, independientemente de que sea un sobrino, lo que está prohibido es el tráfico de influencias (…) Eso debe ser investigado, sea pariente, amigo o cualquier persona vinculada al ministro para conocer si ejerció influencia sobre otras personas que estén bajo su mando», explicó la experta en contrataciones públicas.
Si bien la empresa de los sobrinos de Serna es proveedora del Estado desde antes del gobierno de Castillo, se debe evitar que firme nuevos contratos, al menos mientras tengan un familiar en un alto cargo del gobierno, para evirar suspicacias, sostuvo Yaya.
«Nuevos contratos definitivamente ya no deben firmarse pues están bajo sospecha que el tío haya influenciado para que sigan contratando a la sobrina. Además, no estamos en el Virreinato para que las contrataciones sean hereditarias ni vitalicias (…) No porque es la sobrina de un ministro van a volver a firmar más contratos porque nadie quiere meterse con la familiar del ministro”, agregó.
Sobre el tema, el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante recordó que la situación se debe investigar, porque “hay ciertas flexibilidades cuando el contratista ha venido trabajando antes de que el ministro asuma”.
“Aún si tienen ciertas justificaciones legales, no es nada ético que existan licitaciones de familiares directos de ministros contratando con el Estado. Eso debe fiscalizarse. La Comisión de Fiscalización debe tomar conocimiento esto y solicitar la presencia del ministro”, señaló el legislador.