| ECONOMÍA
Balance en rojo: Castillo solo resolvió 14 de 207 conflictos sociales en su primer año de gestión
Alejandro Castro
Publicado 4:13 pm, 27 julio, 2022
El actual mandatario, cercado por denuncias de corrupción y con una incapacidad manifiesta para gobernar, es el que menos casos solucionó frente a los últimos cuatro presidentes.
La falsa promesa de cambios a favor de las comunidades con la que llegó al poder Pedro Castillo hace un año ha disparado la conflictividad social en Perú, sobre todo en torno a la minería, que en muchos casos el mismo Ejecutivo alentó o no atendió de manera oportuna y eficaz, pese a que se trata de una actividad clave para la economía nacional.
Así lo reconocen los mismos peruanos, de acuerdo a un estudio de Arellano Marketing, que señala que el 72% reconoce que la minería es el sector que más aporta al desarrollo del país y solo un 14% se opone de forma acérrima a esta actividad.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a la fecha se han identificado 207 conflictos sociales, lo que implica un incremento de 56 nuevos casos en el último año, de los cuales la gestión de Castillo Terrones solo pudo resolver 14.
Precisamente, de los últimos cuatro gobiernos, el que menos casos solucionó es el actual, encabezado por un mandatario cercado por cinco investigaciones fiscales, de las cuales cuatro son por corrupción, y con una incapacidad manifiesta para gestionar el Estado.
En los nueve meses de gestión de Francisco Sagasti se solucionaron 15 conflictos y en el periodo de Martín Vizcarra fueron 32. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se obtuvo resultados en 25 casos y en el de Ollanta Humala en 22.
En el caso de la administración de Pedro Castillo, entre abril y mayo se registró la mayor cantidad de controversias archivadas, tres y cuatro, respectivamente, pero hubo meses en los que no se logró ningún avance.
En cambio, en junio se dispararon las protestas sociales contra el gobierno del sindicalista chotano, al registrarse 230, lo que supone un crecimiento de 44% respecto a mayo.
“El Estado se ha limitado a desplegar una estrategia reactiva frente a las movilizaciones de protesta y los bloqueos, seguidos de espacios de diálogo y actas con acuerdos de incierto cumplimiento”, alertan en la Defensoría.
Precisamente, casi la mitad de los compromisos (47%) como resultado de las mesas de diálogo no fueron cumplidos. “Ello debilita la legitimidad estatal y dificulta su rol en la solución de los conflictos sociales”, agrega la institución.
Otro dato importante es que de los 101 conflictos sociales en proceso de diálogo, casi la mitad están vinculados a actividades mineras, que generan empleo para 1,8 millones de peruanos en labores directas e indirectas del sector.
Las controversias en torno a la minería vienen de mucho tiempo atrás, pero ha sido en este último año en el que la improvisación y la inestabilidad política, con más de 50 ministros (cinco de ellos en el Ministerio de Energía y Minas), han sido más notorias y graves que en gobiernos anteriores.
“En este primer año (de gobierno) no ha habido liderazgo, estrategia clara ni participación de personas preparadas para gestionar los conflictos sociales relacionados al sector extractivo”, sostiene Cynthia A. Sanborn, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
A esto se suma la ausencia del gasto eficiente del presupuesto público que responda a las necesidades de la población rural, en un contexto en que las transferencias por canon minero a las regiones rompieron todos los récords en 2022, con S/7.844 millones, cifra 166% superior a la del 2021.
“El Perú necesita un Estado con capacidad y consistencia, con funcionarios experimentados y estrategias de prevención y gestión de conflictos consistentes en el tiempo. Aunque es poco realista esperar que el Estado cambie en el corto plazo, esta situación podría empeorar si no logramos elegir gobiernos con mayor capacidad, además de representatividad”.
Cynthia A. Sanborn, investigadora de la Universidad del Pacífico.
El otro rasgo del primer año de gestión de Castillo es el doble discurso, porque por un lado el presidente invita a invertir en el Perú y, por el otro, varios ministros tienen una posición ambigua sobre la minería y el sector privado en general y la bancada de Perú Libre pretende nacionalizar toda la industria del cobre e insiste en una asamblea constituyente.
Al inicio del actual gobierno, en julio del 2021, Perú tenía proyecciones favorables de recuperación económica, se estimaba que la minería aportaría casi US$3 mil millones en impuestos —el doble del año previo a la pandemia—, pero los conflictos, sobre en Las Bambas y Cuajone, que producen en conjunto el 20% de las exportaciones de cobre, impactaron en estas proyecciones.
Las protestas solo en esas dos operaciones generaron pérdidas que alcanzaron los US$770 millones en producción durante la primera mitad de este año, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SMP). Por ello, en junio pasado, el Banco Central (BCR) bajó sus estimaciones del PBI para este 2022, debido al mal desempeño de la actividad extractiva.
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