Estos son los argumentos de Dina Boluarte ante la CIDH para anular acusación constitucional
Redacción Vigilante
Publicado 5:08 pm, 5 julio, 2022
El abogado de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social alega que hay un «golpe de Estado parlamentario en marcha». A ello agrega que la Contraloría solo le envió tres hojas sobre el informe del caso, mientras que al Congreso se remitió 66 páginas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información del caso a través de la Cancillería.
La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, pretende que la justicia supranacional evite que el Congreso peruano continué con el proceso de acusación constitucional en curso en su contra, tras conocerse el informe de la Contraloría que evidenció que realizó gestiones de intereses privados a favor del Club Departamental Apurímac cuando ya ejercía como funcionaria pública.
Según el órgano de control, Boluarte infringió el artículo 126 de la Constitución Política, que señala que “los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…) Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
En el documento enviado por el abogado de Boluarte, Alberto Otárola, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicita formalmente que se anule el procedimiento, que se tome “todas las medidas necesiaras para garantiar los derechos” de su cliente frente a la “amenaza de suspenderla, destituirla e inhabilitarla de la función pública” y que se adopte una «determinación rápida que garantice de sus derechos a la participación política».
La petición de Boluarte tuvo una respuesta desde la CIDH, que ya solicitó al Estado peruano, a través del canciller César Landa, que se remita toda la información del caso.
Los alegatos de la defensa de Boluarte
El primer punto que expone Otárola es que hay un “intento de golpe de Estado parlamentario en marcha”. En esa línea, sostiene que la urgencia de la denuncia se da porque hay grupos que “fueron derrotados en la segunda vuelta, principalmente del partido de la señora Fujimori, Fuerza Popular” que buscan hacerse con el poder.
El abogado de la vicepresidenta alega que ese grupo desconoció los resultados electorales 2021 y menciona los dos pedidos de vacancia presidencial que se impulsó, sin éxito, desde el Congreso, pero sin mencionar las denuncias que corrupción que implican al presidente Pedro Castillo y su entorno, así como su incapacidad manifiesta para gobernar, que motivaron los intentos de lograr la destitución del mandatario por las vías que la Constitución contempla.
Como segundo punto, Otárola expone que hay un “uso indebido de informes administrativos para forzar la destitución e inhabilitación política de la vicepresidenta”. En este punto detalla que Boluarte solicitó licencia el 29 de julio al Club Departamental Apurímac y como vicepresidnta de Clubes Departamentales del Perú.
Además, alega que el informe enviado al Congreso contenía 66 páginas, mientras que el enviado a Boluarte solo tres. “Frente a esta notoria afectación al derecho de defensa (…) se remite una comunicación a la Contraloría”, se lee en el documento.
Así, Otárola señala que existe una “afectación del debido proceso, derecho de defensa y garantías constitucionales».
Como segundo punto afirma que se afectó al principio de legalidad. “¿Cuál es la norma material que establece que un funcionario público que ha suscrito documentos de regulación registral de un Club Departamental o asociación sin fines de lucro infringue la Constitución?”, señala.
Finalmente, respecto al informe de la Contraloría, el abogado de la vicepresidenta sostiene que no existe el conflicto de intereses pues “sobre el cargo de presidenta del Club Departamental Apurímac, se debe precisar que ésta es una entidad asociativa sin fines de lucro y regulada por el código civil, por la que no se percibe remuneración ni bonificación”.
Además, agrega que el ente de control habría cometido “irregularidades” por solo notificar a Boluarte con un documento de tres paginas sin conclusiones ni recomendaciones.