Ejecutivo no cumplió con reglamentar 12 leyes que buscan resolver problemas sociales
Mientras el presidente Castillo prefiere dar declaraciones que dividen al país, desde el Congreso le reclaman que hasta el momento no se haya reglamentado normas claves, algunas aprobadas en setiembre del 2021.
Entre las prioridades del Ejecutivo no parece estar el cumplir con sus obligaciones más básicas. En medio del despilfarro que implica realizar consejos de ministros descentralizados que no dan nigún resultado, la inacción frente a los conflictos sociales o insistir en nombramientos indebidos que están destruyendo el Estado, el Congreso alertó que el gobierno de Pedro Castillo no ha cumplido hasta el momento con reglamentar 12 leyes que fueron aprobadas y que no pueden aplicarse, justamente, por esta desidia, una situación que ya había sido alertada hace un mes.
A esas 12 normas cuyo plazo para reglamentarse ya venció, en junio expirarán otras tres aprobadas: la ley que incorpora al profesional odontólogo en la comunidad educativa, la ley incluye las secciones de facultad o escuelas profesionales en el régimen académico de las universidades públicas licenciadas, y la ley que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento.
DESDE SETIEMBRE 2021
El 4 de setiembre de 2021 se venció el plazo para reglamentar la Ley 31324, que busca fortalecer la seguridad ciudadana a través de la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares y de municiones, pese a que el Ministerio del Interior tuvo un plazo de 30 días calendarios para elaborar y publicar el procedimiento respectivo.
El 17 del mismo mes del año pasado también venció el plazo para que el Ejecutivo reglamente la Ley 31318, que regula el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles del sector Educación destinados a instituciones educativas públicas.
Además, en el marco de darle algunas facilidades a los trabajadores en medio de la tercera ola de coronavirus se promulgó la ley que da licencia de hasta cuatro horas con goce de haber para que puedan vacunarse contra el COVID-19, pero el plazo para la publicación del reglamento venció el pasado 20 de setiembre, pese a que la pandemia aún no acaba y el ritmo de inmunización ha bajado en todo el país.
La Ley 31343, que crea la Zona Franca en la región Cajamarca, que fue impulsado y aprobado por unanimidad por el Congreso para fortalecer el dinamismo económico entre la zona norte con Ecuador, tampoco tiene reglamento desde el 13 de setiembre pasado.
También se aprobó la ley para enriquecer el arroz en el Perú, con la finalidad de disminuir la desnutrición infantil, pero el Ministerio de Salud no cumplió con el plazo de 30 días para reglamentarlo, que venció el 17 de setiembre.
OCTUBRE 2021
Desde octubre del año pasado, también venció el plazo para reglamentar la Ley 31335 y la Ley 31344. La primera que busca perfeccionar la asociatividad de los pequeños productores en cooperativas agrarias, a efectos que puedan dinamizar ese mercado tan competitivo, norma que tampoco tiene reglamento desde el 9 de octubre pasado.
En tanto, la segunda norma busca favorecer a los canillitas, pues regula las actividades de los expendedores de diarios, revistas y billetes de loterías en los espacios públicos. Esta ley no llegóa entrar en vigencia porque el pasado 16 de octubre se venció el plazo.
OTRAS NORMAS SIN REGLAMENTO
El 11 de noviembre venció el plazo para que el Ejecutivo apruebe el reglamento de la Ley 31342, que establece la condición militar de los oficiales profesionales de reserva de las Fuerzas Armadas, con el propósito de fortalecer la vinculación de la población con los institutos armados en la defensa nacional y el desarrollo del país.
Ya en 2022, el gobierno de Castillo continuó sin reglamentar otras leyes. El 8 de abril venció el plazo para publicar el reglamento de la Ley 31362, que permite la oportuna provisión de liquidez a miles de micro y pequeñas empresas con el pago oportuno de facturas.
Dos días antes, el 6 de abril pasado, se venció el plazo para que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego apruebe el reglamento de la Ley 31368, que regula el servicio de extensión agropecuaria, y que constituye una herramienta legal muy importante para el incremento de las capacidades de los productores agrarios, vía la facilitación del uso de la tecnología.
La última norma legal que tampoco puede aplicarse es la Ley 31410, que crea el Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario, orientada a impulsar la participación de los estudiantes y egresados en la actividad agraria. Resulta que los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, de Educación y de Trabajo no cumplieron con el plazo de sesenta días para aprobar el reglamento.