Referéndum para nueva Constitución: ¿Es viable el proyecto que anunció Pedro Castillo?
Redacción Vigilante
Publicado 1:11 pm, 25 abril, 2022
Juristas coinciden en que iniciativa es ilegal e inconstitucional, porque interfiere con las competencias del Congreso. En lo político, la propuesta carece de respaldo, por lo que advierten es una medida distractiva para tapar la incapacidad del gobierno para atender los problemas urgentes del país.
En medio de una fuerte crisis política, social y económica, que el gobierno no ha sabido atender ni gestionar y que, por el contrario, la ha agravado, el presidente Pedro Castillo anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que se consulte a la ciudadanía, a través de un referéndum que se haría junto con las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, si está de acuerdo o no con la redacción de una nueva Constitución.
¿Es viable y legal una iniciativa así? Diversos expertos han advertido que sería una medida ilegal e inconstitucional, porque reformar la Constitución es una facultad exclusiva y excluyente del Legislativo, tal como lo señala el Tribunal Constitucional (TC) y el Parlamento lo ha ratificado hace poco a través de una ley que regula los artículos 40 y 44 de la Ley de Referéndum.
“Se estaría vulnerando la atribución que tiene el Parlamento de reformar la Constitución”, explica el abogado Erick Urbina, profesor de Derecho Constitucional, al comentar que el Ejecutivo puede enviar las propuestas de reforma constitucional que crea convenientes, pero el Congreso actúa de manera autónoma. “Poner una fecha, las elecciones municipales y regionales, para incluir la consulta, es coaccionar directamente al Parlamento para que lo apruebe en esta legislatura”, apunta.
El constitucionalista Franco García además sostiene el presidente Castillo estaría infringiendo la Constitución si envía un proyecto de ley sobre una consulta popular como lo anunció, lo que además lo expone a una nueva denuncia constitucional en el Congreso.
Precisamente, el artículo 206 de la Constitución establece claramente cuáles son los mecanismos de reforma constitucional y todos pasan obligatoriamente por el Congreso. En concreto, para hacer cambios a la Carta Magna se necesitan 87 votos en dos legislaturas o 66 votos en una legislatura más un referéndum refrendatorio.
“El referéndum solo se puede hacer una vez que el Congreso haya aprobado la forma. En segundo lugar, la asamblea constituyente no está en la Constitución”, señala el también constitucionalista Aníbal Quiroga, al subrayar por tanto que la propuesta es inviable e inconstitucional.
Inviabilidad política
Así las cosas, el proyecto anunciado por el mandatario no superaría la etapa de la Comisión de Constitución, donde varios de los integrantes de este grupo ya adelantaron su oposición al referido proyecto, mientras que el oficialísimo no tiene el respaldo ni los votos necesarios, por lo que se trataría de una medida distractiva más.
Hasta el momento se han pronunciado en contra los congresistas José Jerí, vocero de Somos Perú; Enrique Wong, segundo vicepresidente del Congreso; Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular; Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular; y José Williams, vocero de Avanza País.
Para la congresista Gladys Echaíz, vicepresidenta de la comisión de Constitución, se trata de una estrategia política del régimen para arrinconar al Parlamento, que pasa por generar confrontación política y caos social para que luego “ellos traigan la receta de la calma a través del cierre del Congreso”.
Flor Pablo, congresista no agrupada, sostuvo por su lado que “no es momento de consultas para una nueva Constitución, es momento de plantear adelanto de elecciones, previa reforma política y electoral”.
La politóloga Milagros Campos explicó que una nueva constitución no soluciona los problemas más urgentes del país, como el alza de precios o la falta de empleo, ni los de fondo, como la mala gestión de los recursos públicos que se pierden por ineficiencia o corrupción. “Para poder solucionarlos hay que gobernar (…) una Constitución no es un cambio de políticas públicas, el marco normativo no va a generar trabajo y más inversión”, apuntó.
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