¿La Asamblea Constituyente es una prioridad para los peruanos?
Tras negarlo varias veces y durante meses, el gobierno finalmente acaba de presentar un proyecto de reforma constitucional en ese sentido, pese a que diversas encuestas señalan que las urgencias y preocupaciones de la ciudadanía nada tienen que ver con un cambio de Constitución, y que esto tampoco va a resolver los principales problemas del país.
El Ejecutivo presentó este lunes 25 de abril, oficialmente, el proyecto de reforma constitucional para que una asamblea constituyente elabore una nueva Constitución, que había adelantado el presidente Pedro Castillo, pero sin dar mayores detalles.
La iniciativa, que ya ingresó a mesa de partes del Congreso tras un Consejo de Ministros extraordinario, plantea que se incluya en las elecciones regionales y municipales de octubre una cédula especial con la siguiente pregunta: “¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?”, con las alternativas: “SÍ o NO”.
El oficio remitido a la presidenta del Parlamento, Maricarmen Alva, señala también que “dicho proceso de referéndum será autónomo e independiente al proceso electoral convocado mediante D.S. N° 001-2022-PCM” y “no modifica ninguna regla” de esos comicios.
El proyecto de reforma constitucional fue suscrito por el presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres. Este último incluso había negado a inicios de marzo esta propuesta. “No promovemos ni vamos a promover la asamblea constituyente”, dijo aquella vez, pero ahora defiende una iniciativa que no solo tiene visos de ilegalidad e inconstitucionalidad y que carece de respaldo político en el Congreso, sino que además es un viejo anhelo de la izquierda más recalcitrante que hoy encabeza Vladimir Cerrón, el dueño del partido de gobierno.
La excusa del jefe del gabinete para haber cambiado de discurso es que se trata de un pedido popular que han recogido en provincias, donde más bien lo que se ha visto es un reclamo de la gente por la mala gestión del gobierno, a través de diferentes paros y huelgas en los que además se exige la renuncia del presidente Castillo, como sucedió en Junín, la cuna del cerronismo.
Un síntoma del hartazgo popular lo confirma la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que señala que el 68% de encuestados apoyaría la propuesta de adelanto de elecciones generales, como una salida a la actual crisis política.
No es una prioridad
Sea como fuere, lo cierto es que en los últimos meses se realizaron varias encuestas de opinión a nivel nacional, en zonas urbanas y rurales, y en ninguno de estos estudios aparece como una preocupación central de la gente una asamblea constituyente o un cambio de constitución.
Por ejemplo, en enero de 2022, una encuesta nacional de Ipsos reveló que solo el 8% de los peruanos cree que se debe impulsar una constituyente. En octubre del 2021, otro estudio de la misma empresa, realizado en todo el país, señaló que apenas el 10 % de los consultados ve prioritario el cambio de Constitución. Y en junio del 2021, una encuesta nacional de Datum arrojó que el 77% se opone a un cambio completo de la Carta Magna.
Entonces, ¿qué temas debería atender con urgencia el gobierno este 2022? Entre las principales preocupaciones de los peruanos, según Ipsos, figuran la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana (54%); la generación de empleo y la reactivación económica (46%); la lucha contra la corrupción (44%); la reducción de la pobreza (30%); y la lucha contra el COVID-19 (28%). En todas estas materias, el Ejecutivo ha tenido una deficiente gestión en estos nueve meses.
Y como han señalado ya diversos expertos y analistas, para atender y resolver todos estos problemas del país no se necesita una nueva Constitución ni una asamblea constituyente, que implica más bien darle un poder absoluto, sin contrapesos políticos, al gobernante de turno y que allana el camino para que se perpetúe en el país un régimen autoritario.
Milagros Campos, politóloga y docente de la PUCP, refirió que las demandas ciudadanas se centran en que se implementen políticas públicas concretas. “El marco normativo no va a generar trabajo y más inversión”, apuntó.
Así, la propuesta del gobierno, al carecer de viabilidad y respaldo, es más una estrategia política para arrinconar al Congreso, como en su momento lo hizo el vacado Martín Vizcarra.
“La propuesta del presidente Castillo para consulta de nueva Constitución es simplemente una estrategia para buscar un culpable que tape su desastrosa gestión. Este anuncio incrementará la incertidumbre y derrumbará la inversión privada: más inflación y menos empleo”, alertó el exministro de Economía David Tuesta.