La ley fortalece a la APCI, modifica el marco legal de la cooperación internacional en el Perú, estableciendo nuevas obligaciones de registro, reporte y fiscalización para las ONG que reciben fondos del extranjero, con el objetivo de transparentar el uso de estos recursos. Lo que toca ahora es elaborar el reglamento de la ley promulgada.

Mientras otros países fiscalizan los fondos que reciben las ONG, en Perú millones de dólares circulan sin supervisión. Investigaciones señalan que USAID habría financiado actividades que restringen sectores clave como la pesca, minería y desarrollo amazónico, además de apoyar medios y organizaciones con un aparente sesgo ideológico.

Lucila Pautrat, presidenta de la ONG Kené, es una líder ambientalista que hostiga judicialmente desde hace 10 años a la empresa productora de cacao en Loreto, TAMSHI. Pero, ¿quién es realmente esta activista y cuáles son los verdaderos intereses? ¿Por qué está inmersa en presuntas irregularidades por mantener nexos con funcionarios públicos, cuentas en paraísos fiscales, testaferros y más?

La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre ciertos artículos de la Ley de Extinción de Dominio para evitar que la norma se aplicada de manera incorrecta y sin contar con las pruebas necesarias que certifiquen que la comisión del delito. La decisión fue saludada por el Colegio de Abogados de Lima y expertos en materia legal.

Recientemente, Marco Sifuentes causó controversia por criticar a las organizaciones no gubernamentales, debido a que aseguró que “hay ONG que no hacen las cosas bien” y que organizaciones como Ojo Público o el Instituto de Defensa Legal (IDL) “sobreviven gracias a las ONG (...) y claro no pueden darse el lujo de vivir del público”.

Lo que ocurre en Venezuela despierta nuevamente el debate sobre por qué fiscalizar las ONG en latinoamérica, debido a que este tipo de organismos fueron aprovechados como mecanismo de influencia, incidencia y activismo durante el régimen de Hugo Chávez. Un claro ejemplo de ello fueron las Casas del ALBA, las cuales impartieron un modelo de trabajo que hoy siguen las ONG que financian campañas políticas y discursos de odio y anti empresa.

Fiscalizar a qué actividades destinan sus fondos las ONG es crucial para evitar que el dinero proveniente de la Cooperación Técnica Internacional sea utilizado para financiar actividades subversivas. Según Contracorriente, periodistas como Clara Elvira Ospina, Marco Sifuentes y Christopher Acosta habrían recibido millonarias sumas de dinero para, presuntamente, difundir una misma agenda política.

Según información de Diario Expreso, un proyecto de IDEA Internacional (Institute for Democracy and Electoral Assistance) y USAID (United States Agency for International Development) destinó más de US$2 millones a varios medios de comunicación. ¿Estamos hablando de un claro conflicto de intereses? ¿Acaso la falta de supervisión de las ONG permite que estos fondos se destinen a campañas subversivas que desalientan la inversión privada?

De acuerdo con el dominical Contracorriente, el periodismo estaría siendo subsidiado por ONG que intentan difundir un discurso particular. Un ejemplo de ello es Clara Elvira Ospina, líder de Epicentro TV, o Christofer Acosta, jefe de la unidad de investigación de Latina Tv, quienes habrían recibido fondos por parte de estos organismos. La información es delicada, por ello, debe pasar por un proceso de corroboración por parte de las autoridades competentes.

Se dio el primer paso para que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional pueda fiscalizar a las ONGs y a qué actividades destinan los fondos de la Cooperación Técnica Internacional (fondos públicos de otros países). Los datos son reveladores: 1,716 ONGs no fueron auditadas y 1,870 no rindieron cuentas sobre el uso de sus recursos hasta 2023.

Las ONG ambientalistas tendrían un modelo de negocio que petardea la inversión privada en la Amazonía peruana en lugar de defender correctamente la fauna y flora silvestre del país. Una hipótesis sugiere que estas instituciones podrían estar interesadas en la venta de créditos de carbono, los cuales son indispensables para reducir los índices de contaminación a nivel mundial.

Lucila Pautrat, presidenta de la ONG Kené, lleva más de 10 años hostigando judicialmente a TAMSHI. Los productores de cacao de Tamshiyacu se pronunciaron al respecto, debido a que temen perder su inversión en cultivos. Asimismo, Vigilante.pe conversó con dirigentes y autoridades de la zona para comprender cómo esta disputa legal afecta a la población.

TAMSHI, empresa productora de cacao, es el foco de innumerables denuncias calumniosas por parte de la líder ambientalista Lucila Pautrat. Si el hostigamiento judicial prospera, es posible que el fundo cierre sus puertas. Este desenlace perjudicaría a alrededor de 2,500 trabajadores del distrito de Tamshiyacu, debido a que la compañía mueve el 90% de la economía local.

Kené, ONG ambientalista presidida por Lucila Pautrat, habría sido financiada por organizaciones no gubernamentales por más de S/4 millones. A ello se suma la existencia de por 3 potenciales cuentas bancarias en paraísos fiscales de Islas Cayman y la República de Seychelles. ¿De donde provienen los fondos y a qué fin se destinan?