Promulgan ley que busca transparentar el uso de recursos de cooperación internacional gestionados por ONG

El 15 de abril se promulgó la ley que modifica la Ley N° 27692 “Ley de creación de la Agencia Peruano de Cooperación Internacional – APCI”. La norma, aprobada por el parlamento, busca establecer un nuevo marco legal a recursos provenientes de la cooperación internacional que reciben los organismos no gubernamentales (ONG). Es decir, buscan transparentar el trabajo de las ONG´s que reciben financiamiento de dinero público extranjero.

Tras promulgarse la norma, un debate se gestó en redes sociales. Gremios y asociaciones han manifestado su preocupación por la norma, argumentando que es un peligro para la libertad de prensa en el país. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), por ejemplo, emitió un comunicado donde expresó su rechazo absoluto a la norma. Sin embargo, lo cierto es que muchos fondos de cooperación fueron destinados a desestabilizar la inversión privada y el estado de derecho.

La cooperación internacional es importante en el país, más aún si va enfocada en el desarrollo sostenible y ayuda humanitaria; sin embargo, la existencia de vacíos legales que regulen el origen de estos fondos amerita que la norma sea analizada con detenimiento y objetividad.

En primer lugar, la ley señala que todos los recursos provenientes de cooperación técnica internacional, proyectos, actividades, programas y ejecución del gasto, deben estar inscritos en un registro que es de carácter público e informativo. Esto con el fin de que la ciudadanía pueda constatar el origen y uso de los recursos.

Además, la ley resalta que uno de sus objetivos es “impulsar procesos de coordinación entre la cooperación privada y la pública”, también fortalecer y ampliar nexos con entidades e instituciones extranjeros de cooperación internacional. Según diversos analistas, estos principios de transparencia no deberían incomodar a ninguna institución que recibe fondos públicos de otros países. Las ONG por su propósito no son iguales a otras asociaciones civiles sin fines de lucro que pueden tener carácter privado o recibir fondos de empresas privadas o personas naturales.

El debate ahora está en cuánto tardará en elaborarse el reglamento de la ley, algo que el Congreso debería supervisar y apurar. La norma contempla las siguientes infracciones: no inscribirse al registro APCI, no presentar plan anual de actividades o no presentar informe de actividades asistenciales o educativas realizadas. Por otro lado, considera como infracciones graves el presentar información adulterada, no acreditar documentación de sustento y obstaculizar el proceso de fiscalización.

Durante años, los fondos con origen de cooperación técnica internacional tuvieron libertad casi irrestricta, el alcance de la fiscalización de la APCI era mínimo, que en la teoría se deberían destinar al desarrollo y bienestar social. Sin un mecanismo así, ¿cómo estamos seguros que estos fondos llegaban a poblaciones vulnerables? ¿Cómo estamos seguros que no usaba para financiar al 100% gastos de planillas, consultorías o sueldos elevados?

Las ONG´s juegan un rol importante en el desarrollo del país. Por ello, es necesario que los recursos, provenientes de contribuyentes extranjeros, sean utilizados de manera correcta. La cooperación internacional no debe ser usada como una herramienta política o judicial. Sus fondos deben ser usados con transparencia y eficiencia, con el fin de fomentar el progreso y llegar a quienes realmente lo necesitan.