Crédito de carbono y el modus operandi de las ONG ambientalistas que petardea la inversión privada y la formalidad

Tras la reciente denuncia interpuesta por Lucila Pautrat, presidenta de la ONG Kené, contra TAMSHI, empresa productora de cacao en Loreto, para exigir la aplicación de extinción de dominio de uso, surge la siguiente pregunta: ¿acaso el hostigamiento judicial por parte de ONG ambientalistas es el modus operandi que petardea la inversión privada para obtener financiamiento del Fondo de Cooperación Internacional o iniciar proyectos de venta de créditos de carbono de manera irregular?

EL MODELO DE NEGOCIO

Las ONG ambientalistas tendrían un modelo de negocio que petardea la inversión privada en la Amazonía peruana en lugar de defender la fauna y flora silvestre del país. Si bien no se conocen los oscuros intereses que esconderían estas denuncias y las autoridades encargadas de revisar los casos aún no emiten un pronunciamiento formal en materia judicial, una hipótesis sugiere que estas instituciones podrían estar interesadas en la venta de créditos de carbono, los cuales son indispensables para reducir los índices de contaminación a nivel mundial.

Hasta octubre de 2023, el crédito de carbono casi llegó a los 100 euros en el mercado europeo. La función de este mecanismo es permitir que las naciones o empresas puedan emitir cantidades de dióxido de carbono equivalente al número de créditos que posean. Cómo son limitados, sólo pueden conseguir más a través de la compra a terceros o el financiamiento de proyectos de mitigación de huella de carbono como la reforestación. Pese a ello, aún existen muchas dudas al respecto, sobre todo, porque la demanda puede superar la oferta de créditos, lo que podría abrir camino al “lavado verde” y la comisión de actividades ilícitas. ¿Es posible que estas ONG intentan retirar a empresas formales de la Amazonía peruana para reforestar los espacios y así ofrecer créditos de carbono?

TAMSHI Y SU BATALLA LEGAL

Desde hace más de 10 años, Tamshi fue el foco de denuncias calumniosas por la comisión de presuntos delitos de deforestación, tala ilegal, tráfico de madera, organización criminal, entre otros. Ninguna de estas demandas prosperó, pero todas fueron impulsadas por la ONG Kené y la activista ambiental Lucila Pautrat, quien se encuentra inmersa en serias irregularidades por mantener comunicación con funcionarios públicos que investigan los casos fuera del horario laboral y aparecer como firma registrada en 3 potenciales cuentas en paraísos fiscales que albergan más de US$ 4 millones, según investigación del Consorcio Internacional de Investigación Financiera (CIFI).

Hoy, la empresa es acusada de ejecutar prácticas agrícolas en suelos forestales, pese a que, desde 1986, las más de 2,700 hectáreas que componen el fundo fueron catalogadas como tierras aptas para la agricultura por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). ¿Por qué la ONG Kené estaría tan interesada en exigir que TAMSHI pierda sus derechos para continuar sembrando cacao en Loreto? ¿Qué ganaría la ambientalista al retirar la empresa formal de la zona? ¿Qué pasará con los residentes de Tamshiyacu, quienes cambiaron su estilo de vida tras comenzar a trabajar como productores de este fruto?

LA HISTORIA SE REPITE

El caso de Tamshi es solo uno de los ejemplos que demostrarían cómo la operación de organizaciones ambientalistas lucran con el presunto cuidado y preservación de la fauna y flora silvestre del país. Una situación similar se estaría repitiendo en Ucayali, donde OCHOSUR SAC corre el riesgo de perder sus plantaciones de palma aceitera por el presunto acoso legal por parte del Instituto de Defensa Legal (IDL).

De acuerdo a las denuncias presentadas por la ONG, la comunidad indígena Santa Clara de Uchunya habría iniciado una batalla legal contra la empresa para recuperar la posesión de sus tierras ancestrales. Pese a ello, un sector de la comunidad shipibo-conibo, mismo que se reunió con el Defensor del Pueblo, Josué Gutierrez; aseguró que IDL y el Forest People Program (FPP) estarían haciendo uso de sus dirigentes para interponer denuncias con información inexacta.