Gas natural lleva casi año y medio sin reglamento mientras se eliminan controles a concesiones millonarias

La Ley N.º 32315, publicada el 30 de abril de 2025, busca ampliar el acceso al gas natural en las regiones mediante inversión privada y libre competencia. Más de 17 meses después, sigue pendiente confirmar la aprobación definitiva de su reglamento. Aunque el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó un proyecto en junio de 2026, faltan las reglas para aplicar plenamente la compensación que busca reducir los costos del gas para hogares, negocios, industrias y transportistas.

El mecanismo se financiaría principalmente con recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), alimentado por recargos que pagan los consumidores de energía. Si no son suficientes, la ley contempla un recargo al transporte de gas por ductos. Sin reglamento, la compensación no puede aplicarse plenamente y los usuarios siguen esperando sus beneficios.

A esta demora se suma la Ley N.º 32732, que eliminó la obligación de solicitar opiniones previas de los organismos reguladores en determinados procedimientos de adendas de concesión. La medida busca agilizar inversiones, pero también elimina una instancia de evaluación técnica de las condiciones económicas de estos acuerdos.

El caso Cálidda ilustra el impacto de estas decisiones. La empresa, que distribuye gas natural en Lima y Callao, ha solicitado una novena adenda para extender sus operaciones a siete regiones, abastecer a 15 localidades y conectar a unos 200.000 usuarios. A cambio, propone ampliar su concesión diez años, de 2033 a 2043.

Según el Informe N.º 413-2026-GRT/OS de Osinergmin, la propuesta podría generar alrededor de US$1.832 millones de utilidad operativa para Cálidda, sin beneficios equivalentes demostrados para los consumidores. También se han cuestionado costos de inversión hasta 27% superiores a los reconocidos en otras concesiones y el posible reconocimiento de inversiones que los usuarios ya habrían pagado mediante sus tarifas.

Aunque la distribución de gas tiene características de monopolio natural, distintas empresas pueden competir por el derecho a operar una concesión. Una licitación permitiría comparar propuestas de inversión, tarifas y calidad del servicio antes de ampliar una concesión existente.

¿Por qué sigue pendiente el reglamento de la Ley N.º 32315 y por qué extender una concesión por diez años sin evaluar una licitación? El Gobierno debe explicar cómo garantizará que la expansión del gas beneficie a los usuarios y evite costos excesivos o el cobro por inversiones ya financiadas mediante sus recibos. La masificación del gas requiere inversión privada, competencia y controles que protejan a los consumidores.