Sismos en Perú: una de cada tres viviendas está en riesgo muy alto, pero casi ninguna está asegurada

Después de un gran sismo, perder la vivienda abre otra emergencia: dónde alojarse y con qué recursos empezar a recuperarse. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identifica 4,6 millones de viviendas en riesgo muy alto ante sismos en 182 distritos de 14 departamentos. La cifra equivale aproximadamente a una de cada tres de las 13,76 millones de viviendas registradas por el Censo 2025.

Lima, incluido el Callao, concentra la mayor cantidad, con 2,98 millones de viviendas en esa condición, pero el riesgo está lejos de ser solo capitalino. Piura supera las 418 mil viviendas en riesgo muy alto; La Libertad tiene 289 mil y Lambayeque, 256 mil. Áncash e Ica bordean las 157 mil cada una, mientras Tacna supera las 108 mil y Arequipa se acerca a las 95 mil.

La protección financiera muestra una distribución casi inversa. Al cierre de 2025, un poco más de 323 mil viviendas urbanas contaban con un seguro patrimonial, apenas el 4,5% del universo urbano considerado por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG). De ellas, el 75,9% estaba en Lima y Callao y solo el 24,1% en el resto del país. El riesgo se extiende por varias regiones, pero tres de cada cuatro viviendas aseguradas siguen concentradas en la capital y el Callao.

El seguro dura mientras dura la hipoteca

Buena parte de las viviendas aseguradas lo está por el crédito hipotecario. El 91,3% de las pólizas registradas al cierre de 2025 estaba asociado a una hipoteca y solo el 8,7% había sido contratado directamente por los propietarios, según APESEG. Mientras existe la deuda, el banco exige proteger el inmueble que sirve como garantía; cuando el préstamo termina, apenas el 12% de quienes tenían esa cobertura decide mantenerla. Es decir, una familia puede pasar quince o veinte años pagando su casa y dejar de asegurarla justamente cuando termina la deuda y el inmueble pasa a ser completamente suyo.

Pero esa posibilidad —decidir si mantener o no un seguro— no existe para todos. Siete de cada diez viviendas urbanas del país son autoconstruidas, según información difundida por Sencico a partir de investigaciones de GRADE. Además, cuatro de cada cinco viviendas autoconstruidas no habrían cumplido con la normativa y las buenas prácticas constructivas. La autoconstrucción no vuelve automáticamente inasegurable a una casa, pero los problemas de formalización o las condiciones estructurales la hacen más vulnerable y pueden dificultar que supere una evaluación técnica y acceda a una póliza.

Son viviendas que muchas veces crecieron poco a poco, conforme alcanzaba el dinero. Frente a un terremoto, una familia con una casa formal y recursos puede trasladar parte de la pérdida a un seguro; otra puede depender de sus ahorros, de familiares o de la ayuda que llegue después del desastre. Para muchas de estas últimas, el primer problema no es conseguir una póliza, sino vivir en una casa construida con seguridad y en regla.

Cuando la emergencia llega al presupuesto

La dimensión económica de esa vulnerabilidad puede observarse con mayor detalle en Lima, donde existen estimaciones específicas. APESEG calcula que un sismo de magnitud siete o superior podría dejar más de medio millón de viviendas inhabitables. Solo proporcionar módulos temporales valorizados en US$5.000 a ese número de hogares demandaría más de US$2.500 millones. Cuando se hizo el cálculo en 2025, el monto ya superaba la reserva de contingencia prevista en el presupuesto público de ese año, sin contar alimentación, salud, servicios básicos, infraestructura dañada o reconstrucción.

Cuando una emergencia alcanza a cientos de miles de familias al mismo tiempo, muchas no pueden afrontar solas esos gastos y la respuesta termina involucrando recursos públicos. El gremio asegurador estima que el 95% de las pérdidas ocasionadas en el Perú por fenómenos climáticos o sismos es asumido directamente por el Estado. Eduardo Morón, presidente de APESEG, lo plantea así: “Un desastre no debe paralizar las prioridades del país ni obligar al desvío de recursos destinados a la salud, educación o programas sociales”.

Después de un terremoto, perder una vivienda significa también perder años de ahorro y patrimonio familiar. Un seguro no es una opción posible para todos ni reemplaza la obligación del Estado de responder ante una emergencia. Pero la discusión va más allá de contratar una póliza: se trata de cuánto de la recuperación puede financiarse antes de una catástrofe y cuánto tendrá que resolverse después, cuando el daño ya esté hecho y la respuesta dependa también de la capacidad de las autoridades de turno para reaccionar a tiempo.