Menos distritos, mejores servicios, por Camila Costa

El Perú tiene un problema de escala. Demasiadas municipalidades administran territorios pequeños, presupuestos limitados y burocracias propias, mientras problemas como transporte, seguridad, infraestructura, limpieza pública y desarrollo urbano trascienden las fronteras de un distrito. ¿Quién paga ese costo? Los contribuyentes.

Actualmente existen 196 municipalidades provinciales y 1.695 distritales. Más de la mitad tiene menos de 5.000 habitantes y 607 tienen menos de 2.000. Apenas 184 municipalidades concentran el 70% de la población nacional.

Esta fragmentación encarece al Estado e impide aprovechar economías de escala. Una persona o empresa que opera en varios distritos puede encontrarse con distintas municipalidades, plataformas, canales de atención y criterios de fiscalización. Terminamos teniendo pequeños feudos administrativos separados por unas cuantas cuadras, cuando muchos trámites podrían compartir sistemas y procesos comunes.

Lo mismo ocurre con las obras. Una avenida que cruza varios distritos puede tener distintos expedientes, contrataciones y estándares. Para el ciudadano sigue siendo una sola vía, pero en un distrito puede estar bien pavimentada y, en otro, llena de huecos. En agua y saneamiento entendimos hace tiempo que la escala importa: Sedapal atiende Lima y Callao como un sistema integrado, no como decenas de sistemas distritales distintos.

La descentralización tenía el objetivo correcto de acercar las decisiones públicas al ciudadano. El problema fue cómo se implementó. Desde 2002 se transfirieron responsabilidades hacia gobiernos regionales y locales y, desde 2007, el proceso se aceleró incluso cuando no existían capacidades suficientes. Para 2009, según la OCDE, el 39% de las transferencias se había realizado bajo la modalidad de “competencias a desarrollar”.

El resultado fue más responsabilidades, capacidades insuficientes y un territorio extremadamente fragmentado. Muchos municipios no tienen la capacidad técnica para desarrollar proyectos grandes y terminan concentrándose en obras pequeñas y de poco impacto.

Por eso deberíamos discutir si necesitamos mantener 1.891 municipalidades provinciales y distritales. No se trata de fijar cuántas deben desaparecer, sino de evaluar qué distritos, por población, presupuesto, capacidad fiscal, cercanía o continuidad urbana, podrían funcionar mejor como una sola unidad. La posibilidad ya existe: la Ley 29021 promueve la fusión de municipios distritales.

También deberíamos cuantificar cuánto cuesta la fragmentación en gerencias, sistemas, plataformas, procedimientos y estructuras que se replican entre municipios vecinos. Finalmente, todo ese costo lo asume el contribuyente.

El objetivo no es simplemente tener menos municipalidades, sino gobiernos locales con mayor escala, mejores equipos técnicos y capacidad para prestar mejores servicios. Esa es la discusión de fondo.