Ayacucho: cinco candidatos regionales llegan a la campaña con condenas, investigaciones y sanciones

La revisión de los antecedentes de los candidatos que continúan en carrera por el Gobierno Regional de Ayacucho identifica cinco casos relevantes. Omar Flores Yaros, de Perú Primero, registra condenas por negociación incompatible; Román Quispe Congacha, de Batalla Perú, tiene una sentencia de primera instancia por colusión simple; y Renol Pichardo, de Podemos Perú, figura en una investigación fiscal sobre una presunta organización dedicada al direccionamiento de obras.

A ellos se suman Eduardo Huacoto, de APP–Trabaja Ayacucho, sancionado administrativamente durante sus anteriores pasos por el Gobierno Regional, y Pabel Bellido, de Libertad Popular, comprendido en un informe de control vinculado a una obra ejecutada cuando era alcalde de Cangallo.

Las situaciones jurídicas no son equivalentes. Una investigación no prueba culpabilidad, una sentencia apelada no es firme y una sanción administrativa no constituye una condena penal. Pero estos antecedentes permiten conocer mejor la trayectoria de quienes aspiran a administrar las contrataciones, obras y presupuesto regional.

Omar Flores: dos condenas por negociación incompatible

Omar Flores Yaros registra dos condenas por negociación incompatible vinculadas con su desempeño como funcionario del Gobierno Regional de Ayacucho, según el órgano electoral. Esos antecedentes llevaron inicialmente al Jurado Electoral Especial de Huamanga a declarar improcedente su candidatura, pero el JNE terminó admitiéndola tras la apelación de Perú Primero.

Uno de los casos está documentado por el Tribunal Constitucional. En 2018, Flores fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por negociación incompatible por hechos ocurridos cuando era director de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal del Gobierno Regional. La sentencia fue confirmada en segunda instancia y su recurso de casación fue declarado inadmisible. En 2025, el TC declaró improcedente el hábeas corpus con el que buscaba anular esas resoluciones.

El otro antecedente se remonta a 2017. Correo informó entonces que Flores había sido condenado en primera instancia a cuatro años de prisión suspendida y cuatro años de inhabilitación por negociación incompatible, en un caso relacionado con la adquisición sin requerimiento de equipos para tractores agrícolas cuando era administrador regional. Para las elecciones de 2026, Flores acreditó el pago de las reparaciones civiles y su rehabilitación judicial.

Román Quispe: dos fallos que no deben confundirse

Román Fortunato Quispe Congacha tiene un antecedente judicial que requiere una precisión. En 2021, el Poder Judicial informó que fue condenado a ocho años de prisión efectiva por colusión simple por una licitación de S/9,47 millones destinada a construir cuatro instituciones educativas iniciales en Pacaycasa. Quispe era representante del consorcio que obtuvo la buena pro y, según la sentencia, concertó con funcionarios para favorecerlo pese a que no cumplía los requisitos del proceso.

Para las elecciones de 2026 aparece, además, otro dato. Jornada informó que el expediente electoral de Quispe registra una sentencia de primera instancia por colusión simple emitida el 30 de abril de 2025 y actualmente apelada. Esa sentencia llevó al JEE a declarar inicialmente improcedente su candidatura, pero el JNE terminó admitiéndola.

Renol Pichardo y una investigación sobre obras públicas

Renol Pichardo Ramos, candidato de Podemos Perú y exalcalde de Huanta, figura en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho. En noviembre de 2025, el Ministerio Público allanó 14 inmuebles como parte del caso “Los sagaces de gestión de obras”, una presunta organización que habría direccionado obras sobrevaloradas, falsificado documentos y desviado recursos públicos. Entre los inmuebles intervenidos estuvo la vivienda de Pichardo.

La hipótesis fiscal sostiene que el presunto cabecilla captaba autoridades para intervenir en la formulación, ejecución y supervisión de proyectos y que actuaba en coordinación con Pichardo y otros investigados para conseguir financiamiento público. Pichardo no fue detenido en aquel operativo y no existe una condena acreditada en su contra por este caso.

Huacoto: sanciones antes de llegar a la Gerencia General

Eduardo César Huacoto Díaz, candidato de APP–Trabaja Ayacucho, registra antecedentes administrativos de su paso por el PRIDER. En 2015, la Contraloría confirmó su inhabilitación por dos años para ejercer función pública por irregularidades en un contrato para abastecer materiales al sistema de riego Masinga, entre ellas una ampliación indebida del plazo y la falta de aplicación de penalidades. Meses después fue repuesto provisionalmente como director de la entidad.

Su gestión posterior generó otro procedimiento disciplinario por no actuar frente a informes que recomendaban resolver contratos de consultoría. En 2022 fue suspendido y, tras apelar, la sanción quedó en tres meses. Pese a estos antecedentes, en enero de 2023 volvió a dirigir el PRIDER y seis meses después fue nombrado gerente general del Gobierno Regional durante la gestión de Wilfredo Oscorima, cargo que ocupó hasta junio de 2026.

Pabel Bellido y una obra con S/1,9 millones de perjuicio

Pabel Bellido Miranda, candidato de Libertad Popular, aparece vinculado a un informe de control por una obra ejecutada durante su gestión como alcalde provincial de Cangallo. La Contraloría determinó un perjuicio de S/1,9 millones en la ampliación del sistema de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales de San Cristóbal de Putica. El organismo encontró trabajos no ejecutados o realizados de manera parcial y deficiente, además de penalidades que no fueron cobradas. El candidato aparecía comprendido en ese informe.

Ayacucho no es un caso aislado. Una investigación de RPP identificó a 1.747 candidatos que declararon al menos una condena penal en sus hojas de vida para las elecciones regionales y municipales de 2026. En conjunto acumulan 2.283 sentencias y 41 de ellos postulan a gobiernos regionales.

La ley determina quién puede competir, pero los partidos deciden a quién entregan su símbolo. Los antecedentes de los candidatos permiten evaluar, por tanto, no solo su trayectoria, sino también los filtros utilizados por las organizaciones que buscan ponerlos al frente de presupuestos, contrataciones y obras públicas.