Cuando el estado se convierte en una agencia de empleos: Algo que no debemos dejar pasar

En el Perú, la captura del Estado no es un fenómeno aislado ni reciente. Es un patrón que se repite cada vez que grupos políticos, redes clientelares o movimientos organizados ven a las instituciones públicas como un botín para repartir, no como un sistema de servicios que debe responder a la ciudadanía. Cuando el Estado se convierte en agencia de empleo, caja chica o plataforma de influencia, la función pública se distorsiona y los recursos que deberían financiar servicios esenciales terminan sosteniendo estructuras paralelas.

La evidencia es clara: ministerios, direcciones y empresas públicas han sido utilizados con frecuencia para colocar militantes, aliados o recomendados, desplazando criterios de mérito y capacidad técnica. Este proceso no solo incrementa el tamaño del aparato estatal, sino que lo vuelve más costoso y menos eficiente. Cada contratación innecesaria, cada consultoría sin sustento y cada puesto asignado por afinidad política se financia con recursos públicos. El contribuyente formal termina sosteniendo planillas infladas y burocracias que no generan valor.

La captura del Estado produce un efecto inmediato en la calidad de los servicios. La lentitud en trámites, la precariedad en hospitales, la falta de mantenimiento en colegios y la paralización de obras no son fallas aisladas: son síntomas de un aparato estatal que ha sido desviado de su propósito. Según la Encuesta Nacional sobre percepciones de la Corrupción del 2025, elaborada por Proética, 8 de cada 10 peruanos perciben que la corrupción afectan directamente su día a día, priorizando su situación económica familiar, así como encuentra una correlación directa entre la corrupción y la caída en la calidad de servicios públicos. Cuando las instituciones se orientan a servir intereses particulares, la ciudadanía deja de recibir seguridad, justicia, salud o educación de calidad. Esa desconexión erosiona la confianza en el sistema y debilita la legitimidad del contrato tributario.

La informalidad crece en ese contexto. No se trata únicamente de evasión, sino de una reacción a un Estado que no cumple su parte. Según el índice de Barrera Burocráticas, elaborado por la Asociación de Contribuyentes del Perú, en el Perú las empresas, sin importar el tamaño, ocupan casi 130 días calendario cada año en trámites. Esto vuelve el ser formal un lujo que solo los más grandes pueden darse. Cuando millones perciben que pagar impuestos no mejora su vida, optan por salirse del sistema. Esto reduce la recaudación, limita la capacidad del Estado para invertir en servicios y perpetúa el deterioro institucional. El círculo vicioso se alimenta a sí mismo: menos servicios generan menos incentivos a pagar, y menos recaudación produce un Estado aún más débil.

La corrupción opera como un componente estructural de este modelo. No es un accidente ni una desviación puntual, sino un mecanismo que permite sostener redes de poder dentro del Estado. Desde cobros por puestos hasta contratos direccionados, la corrupción convierte a las instituciones públicas en espacios de beneficio privado. Cada sol desviado hacia intereses particulares es un sol que no llega a los servicios que la ciudadanía necesita.

Frente a este escenario, la recuperación del Estado no depende únicamente de reformas internas. Requiere vigilancia ciudadana, transparencia, meritocracia y controles externos robustos. La sociedad civil, el periodismo independiente y las instituciones de fiscalización cumplen un rol esencial para evitar que el Estado siga siendo tratado como botín. La calidad de los servicios públicos y la legitimidad del sistema tributario dependen de que las instituciones vuelvan a orientarse hacia su función original: servir al ciudadano.