Un Ejecutivo sin mayoría igual puede mover el tablero: cinco decisiones que afectan economía, instituciones y gestión pública

El debate público suele asumir que un Ejecutivo sin mayoría en el Congreso tiene un margen de acción limitado. Sin embargo, la experiencia reciente muestra lo contrario. A través de decisiones administrativas, regulatorias y operativas, un gobierno puede influir en el mercado laboral, la minería, la fiscalización empresarial, la política comercial y la estructura del propio Estado. Estas decisiones no pasan por el Parlamento, pero sí generan impactos acumulativos en la economía y en la institucionalidad.

En materia laboral, el Ejecutivo tiene control directo sobre la orientación de la política pública. Medidas como las impulsadas en la “Agenda 19” —restricciones a la tercerización, aumentos del salario mínimo sin sustento técnico y debilitamiento de la carrera pública— muestran cómo decisiones administrativas pueden reducir la productividad, frenar la formalización y politizar la gestión del talento en el Estado. La rigidez laboral no requiere leyes nuevas: basta con directivas, decretos y cambios operativos.

El sector minero también es vulnerable a decisiones del Ejecutivo. La creación y manejo del REINFO, la reducción de intervenciones contra operaciones ilegales o los retrasos en permisos pueden expandir la minería informal y entrampar proyectos formales. La anulación y posterior restablecimiento del permiso de explotación de Tía María es un ejemplo de cómo decisiones administrativas pueden alterar inversiones, recaudación y estabilidad económica. La minería, que sostiene exportaciones y empleo formal, depende de señales regulatorias claras.

Otro mecanismo clave es el uso de entidades de fiscalización. SUNAT, SUNAFIL y el Tribunal Fiscal dependen del Ejecutivo, lo que permite modificar criterios de supervisión sin pasar por el Congreso. Designaciones con criterios políticos o enfoques punitivos pueden elevar costos de cumplimiento, generar incertidumbre jurídica y desincentivar la inversión, especialmente en MYPES. La fiscalización agresiva no requiere nuevas leyes: basta con cambiar prioridades internas.

La política comercial también está bajo control del Ejecutivo. La ralentización de acuerdos, la introducción de barreras administrativas o decisiones operativas —como la venta presencial de entradas a Machu Picchu— afectan exportaciones, turismo y cadenas productivas. El Perú aún no recupera los niveles de visitantes previos a la pandemia, y la falta de promoción internacional agrava la situación. La inserción internacional del país depende de decisiones técnicas, no de mayorías legislativas.

Finalmente, el Ejecutivo puede instrumentalizar políticamente el Estado mediante nombramientos territoriales, uso de programas sociales o priorización de recursos con criterios partidarios. La designación de prefectos, subprefectos y funcionarios clave sin criterios meritocráticos debilita la institucionalidad y afecta la calidad de las políticas públicas. La cooptación administrativa no requiere leyes: se ejecuta desde el propio aparato estatal.

Estos mecanismos son solo algunas de las muestras que el riesgo político no depende solo de la correlación de fuerzas en el Congreso. Un Ejecutivo puede influir en la economía, la inversión y la estabilidad institucional mediante decisiones administrativas que no pasan por el debate legislativo. Ignorar estas herramientas implica subestimar la capacidad real del gobierno para alterar el rumbo del país.