Bolivia y el costo oculto del Estado empresario: pérdidas millonarias que hoy pagan los ciudadanos

La crisis de las empresas públicas en Bolivia se ha convertido en uno de los mayores problemas fiscales del país y en un ejemplo claro de los riesgos del Estado empresario. Según reportes de medios bolivianos, 15 de las 67 empresas estatales están en quiebra, acumulando pérdidas, deudas y patrimonio negativo que comprometen seriamente las finanzas públicas. No se trata de un episodio aislado, sino del resultado de un modelo que durante años ha priorizado la expansión del aparato estatal sin estudios de viabilidad, sin controles adecuados y sin una estrategia que garantice sostenibilidad.

Las cifras revelan la magnitud del problema. Las empresas públicas bolivianas acumulan Bs 2.655 millones en pérdidas (≈ US$ 383 millones), Bs 1.901 millones en patrimonio negativo (≈ US$ 274 millones) y Bs 1.025 millones en deuda directa (≈ US$ 148 millones). Pero el dato más preocupante es el gasto histórico: en dos décadas, el Estado ha destinado más de Bs 73.000 millones —unos US$ 10.5 mil millones— para sostener compañías improductivas que no generan retorno. Estos recursos, que podrían haberse invertido en servicios esenciales, infraestructura o programas sociales, han terminado cubriendo déficits operativos y sobrecostos.

Entre los casos más críticos se encuentra Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que recibió más de Bs 6.200 millones (≈ US$ 890 millones) y opera apenas entre 14% y 17% de su capacidad. Otras empresas como la Azucarera San Buenaventura, Karachipampa, Quipus y Yacana presentan problemas desde su creación: maquinaria obsoleta, baja demanda, sobrecostos y dificultades administrativas. Según Infobae, varias fueron creadas sin estudios de mercado y con proyecciones irreales de demanda, lo que evidencia fallas estructurales en la planificación estatal.

Las propias autoridades bolivianas han reconocido la gravedad del escenario. El director de la OFEP (ente supervisor de empresas públicas en Bolivia), Pablo Camacho, admitió que “la mayoría de estas empresas no cuenta con estudios de viabilidad y requiere auditorías profundas”. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que muchas presentan problemas de sostenibilidad y necesitan medidas correctivas. Estas declaraciones confirman que el problema no es coyuntural: es un modelo que ha drenado recursos públicos durante años.

El impacto fiscal es directo y lo pagan los ciudadanos. Cada billete destinado a rescatar empresas deficitarias es un billete que no se invierte en salud, educación o infraestructura. La experiencia boliviana también ofrece una advertencia para el Perú. Aunque el país no enfrenta un colapso generalizado de sus empresas públicas, Petroperú es la gran excepción: la Refinería de Talara ya supera los US$ 6.500 millones, muy por encima de los US$ 1.300 millones estimados inicialmente, y ha obligado al Estado a inyectar más de S/ 22.000 millones en rescates y garantías en la última década.

El caso boliviano muestra lo que ocurre cuando el Estado intenta abarcar sectores productivos sin eficiencia ni controles: pérdidas sostenidas, presión fiscal creciente y un costo que finalmente recae sobre los contribuyentes. Una lección que la región no puede darse el lujo de ignorar.