La deuda histórica del Perú tiene nombre propio: su propio Estado

El contexto electoral actual, y lo dividido que el mapa de resultados es, han reavivado el debate sobre las diferencias notorias en desarrollo a lo largo del país. Los datos muestran que la desigualdad en el Perú no se explica por el origen étnico o económico, sino por una falla mucho más profunda: la incapacidad del Estado para garantizar servicios públicos básicos a millones de ciudadanos en todas las regiones del país.

La brecha entre el Estado que existe en las normas y el que existe en la vida diaria es evidente. Hoy, el 43% de los niños menores de tres años sufre anemia; solo hay 17 médicos por cada 10 000 habitantes; y el 28% de la población vive en pobreza. Estas cifras no distinguen entre Lima y regiones: afectan con mayor fuerza a quienes viven lejos de los centros de decisión, donde la presencia estatal es más débil o inexistente.

A ello se suma un problema estructural: la captura política y regulatoria. La rotación constante de funcionarios, la designación de personal sin preparación técnica y la duplicidad de funciones han debilitado la capacidad del Estado para planificar, ejecutar y evaluar políticas públicas. La meritocracia, que debería ser la base de una administración moderna, ha sido reemplazada por criterios políticos que afectan directamente la calidad de los servicios.

El resultado es un Estado que no logra responder a los desafíos del país. La informalidad laboral supera el 70%, y solo el 17% de los peruanos confía en las instituciones, según el Barómetro de las Américas del IEP. Como ha señalado el politólogo Alberto Vergara, esta combinación de informalidad, centralismo y debilidad institucional produce un Estado que “no logra ser nacional”, porque no llega con la misma calidad a todos los territorios.

Las brechas son claras: más de 3 millones de personas no tienen acceso a agua potable por red pública; en regiones como Loreto y Madre de Dios hay apenas 13 médicos por cada 10 000 habitantes, frente a los 34 de Lima; solo el 18% de estudiantes rurales de segundo de primaria logra comprensión lectora satisfactoria, frente al 45% en Lima; y en regiones como Loreto, Amazonas y Huancavelica, más del 60% de comisarías no cuenta con personal suficiente para operar de manera continua.

Estas no son fallas atribuibles a grupos sociales de un tipo o empresarios de otro. Son fallas de un Estado que no ha logrado profesionalizarse, que no planifica con continuidad y que no evalúa sus resultados. Un Estado que promete derechos, pero entrega trámites.

Por eso, la discusión no debe centrarse en identidades ni en discursos que dividen. La deuda que el Perú arrastra no es moral: es institucional. Y solo se resolverá con un Estado que funcione, que recupere la meritocracia, que reduzca la captura política y que llegue con la misma calidad a Lima, Ayacucho, Loreto o Puno. La verdadera fractura no está entre “élite” y “pueblo”, sino entre un Estado que no cumple y millones de ciudadanos que sí cumplen todos los días.