Reducir el tamaño del Estado: la reforma que se deja pendiente en el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pasó de ser una institución basada en la meritocracia y eficiencia a ser una ficha de cambio política. La salida de José Salardi como ministro de Economía, despertó las alarmas del sector empresarial en un contexto donde la pobreza se mantiene con niveles altos -27.6% según el IPE en 2024-, la informalidad aumenta -7 de cada 10 trabajadores son informales- y los proyectos de inversión no avanzan.

Salardi, como lo dio a conocer en un comunicado publicado en su red social X, encontró un país con serias fallas en su política económica, sobrerregulación, proyectos de inversión mal estructurados y el incumplimiento del déficit fiscal. Sin duda, uno de los grandes retos de su gestión era -y sigue siendo para las próximas gestiones- la reducción del tamaño del Estado.

No es secreto que los proyectos de inversión ejecutados en los últimos años -financiados con dinero de los contribuyentes-, no han logrado cerrar las brechas estructurales que atraviesa el país. En ese contexto, a inicios de mayo, el MEF anunció la fusión de 14 programas de infraestructura que serían traspasados a la cartera de proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), creada en 2023 y que desde su implementación tenía como objetivo el cierre de brechas a través de la construcción de infraestructura de calidad.

La ANIN pasaría a ser una unidad central de inversión pública con el objetivo de articular mejor los proyectos de inversión y así tener mayor rapidez y eficiencia en la gestión y ejecución de proyectos como escuelas, hospitales, carreteras, etc. Con ello, se buscaba asegurar infraestructura de calidad.

Esta propuesta representaba el primer paso para reducir el tamaño del Estado: se buscaba extinguir 14 programas que nacieron como temporales, pero que con el tiempo se burocratizaron y fracasaron en cerrar brechas. La cartera de proyectos de estos programas sería trasladada a la ANIN, que debía fortalecerse con criterios de meritocracia y enfoque técnico para evitar retrasos, mejorar la calidad de los estudios y asegurar que las inversiones respondan realmente a las necesidades de la población.

UN AHORRO PARA NUEVAS INVERSIONES

No solo era una reforma estructural, sino también un ahorro –necesario– para el Estado. Según estimaciones de la administración Salardi, esta propuesta iba a generar un ahorro de S/ 2.500 millones entre junio y diciembre de este año. Sin embargo, el mayor impacto se vería reflejado en 2026, con un ahorro de S/ 4 mil millones, lo que iba a permitir cumplir la regla fiscal sin ningún contratiempo –regla que el Estado ha incumplido en los últimos dos años–. Este ahorro se lograría, principalmente, al reducir el gasto en planillas asociado a los 14 programas que serían extinguidos, muchos de los cuales mantenían estructuras sobredimensionadas y poco eficientes.

EXPERIENCIAS SIMILARES

El presidente de Argentina, Javier Milei, aplicó la misma práctica: reducir el tamaño del Estado. De la mano del Ministerio de Desregulación, Argentina pasó de tener 22 a 7 ministerios, lo que significó un ahorro de USD 1.635 millones anuales, según la Casa Rosada. No solo son cambios estructurales, sino cambios que tuvieron un impacto directo en la economía del país, pues por primera vez en 15 años se logró un superávit fiscal -$572,300 millones en abril, según la Casa Rosada- y se redujo la inflación -2.4% al cierre del 2024-.

Más allá de la discusión sobre quién lidera el MEF, se debe prestar énfasis en si existirá la voluntad política y técnica para sostener una reforma que modernice el aparato estatal. Reducir el Estado no es debilitarlo, es hacerlo más eficiente, menos burocrático y realmente útil para la ciudadanía. El reto no es menor: poner fin a programas fallidos, fortalecer entidades como la ANIN y demostrar que el gasto público puede ser sinónimo de impacto real. La oportunidad está sobre la mesa; dejarla pasar sería, otra vez, condenar al país a la parálisis.