El ciclo de la inseguridad: el reflejo de un Perú sin estrategia contra la delincuencia

En Perú, la vida de una persona vale apenas S/7 o al menos eso pensamos los peruanos tras el asesinato de un conductor de transporte público que se negó a pagar un cupo a las mafias de extorsionadores. El caos y la violencia atemorizan a la población, debido a que, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en 2017, se registraron 671 homicidios en Perú. Siete años más tarde, en octubre de 2024, la cifra se elevó a más de 1.700 homicidios. Nuevo récord de violencia en el país.

Entre medidas decorativas como el Estado de Emergencia o leyes que favorecen a los delincuentes, el ciclo de la inseguridad refleja las fallas del Estado, el cual no cuenta con una estrategia adecuada de gestión de recursos provenientes del bolsillo de los contribuyentes. Un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) reveló las falencias dentro del ciclo de seguridad peruano.

Este círculo poco virtuoso comienza con la toma de conocimiento de los delitos y captura de sospechosos en flagrancia por parte de la Policía Nacional del Perú, una institución desprestigiada por los múltiples escándalos de corrupción que, además, carece de recursos y equipos. A esto se suma que, en la práctica, los agentes policiales no están empoderados, por ende, no ejecutan su protocolo por temor de ser víctimas de un mal proceso judicial que los perjudique de por vida.

A esta cadena se suma el apoyo del Ministerio Público, en la investigación del delito, y del Poder Judicial, en la sentencia de los acusados. Para mejorar la celeridad de los procesos, existe un proyecto de ley que pretende otorgar mayor poder a la PNP en la etapa de investigación del delito, retirando con ello competencia a las funciones de la Fiscalía. Esto permitirá que los Fiscales no concentren la labor de investigación, sino en la clasificación de pruebas que les permitan sustentar sus casos.

En el caso del Poder Judicial, lo ideal es promover que los casos tengan una sentencia lo más pronto posible, de lo contrario, los acusados por diversos delitos seguirán aplicando los habeas corpus para salir en libertad por exceso de carcelería sin sentencia.

Si consideramos el hacinamiento dentro de las cárceles peruanas, las cuales son administradas por el INPE, podemos observar otro grave problema, el cual podría ser resuelto con una mejor ejecución del presupuesto público para la construcción de edificaciones y dotación de equipos para los establecimientos penitenciarios.