Ley Forestal: usemos la razón, no la pasión

Según el Ministerio del Ambiente, la deforestación en Perú ocurre principalmente en áreas sin supervisión forestal, mientras que las zonas dentro de Áreas Naturales Protegidas o comunidades tienden a tener un control más efectivo. La deforestación no se da en el territorio en el que operan empresas formales, y si existe, es estadísticamente irrelevante.

Según la plataforma de Geobosques (Fuente: estudio realizado por CEPLAN) a la distribución de bosques es la siguiente: el 45.30% de los bosques deforestados en el país pertenecen a áreas sin derechos asignados (A nivel nacional, estos bosques representan el 26.3%, sin jurisdicción o protección). En segundo lugar, los bosques de comunidades nativas son el 16.50%, deforestados en su mayoría por los mismos pobladores o invasores ilegales que luego incluso atentan contra la vida de las comunidades, seguidos por los bosques de producción permanente con un 12.30%. Los bosques en Áreas Naturales Protegidas (ANP) solo alcanzan el 3.50%, indicando su efectividad en la protección del ecosistema. Finalmente, las concesiones de conservación y ecoturismo constituyen solo el 1% de las áreas deforestadas.

Así, en el periodo comprendido entre 2002 y 2022, el Perú experimentó la pérdida de 2.47 millones de hectáreas. Los años con la mayor deforestación fueron 2014, 2016 y 2020. A diferencia de otros países, la deforestación en Perú ocurre a pequeña escala, con áreas deforestadas menores a 5 hectáreas, principalmente por la tala y quema para la creación de pequeñas parcelas o chacras, generando un sistema fragmentado (Geo Bosques, 2022). Lo que se tiene que averiguar es qué uso post-deforestación se les da a estas hectáreas para determinar quién las deforesta.

En este contexto, la Unión Europea aprobó hace algunos meses el Green Deal y Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR) que se proponen no permitir que los países de la UE sean cómplices de la deforestación. Este marco regulatorio tiene como objetivo mitigar la deforestación vinculada al consumo de la UE, especialmente en productos como aceite de palma, soja, ganado, cacao y café. No obstante, esta iniciativa presenta un desafío complejo para el comercio global, especialmente para las economías en desarrollo como la peruana. En este contexto, exportar productos emblemáticos como el café ahora implica cumplir con estándares que, en algunos casos, resultan prácticamente inalcanzables.

En el caso específico de Perú, una de las barreras económicas más significativas es la solicitud por parte de la EU de que las exportaciones de productos deben garantizar que no provengan de zonas deforestadas y que sean de tierras reconocidas. La falta de saneamiento y asignación de derechos en la mayoría de las parcelas en la Amazonía peruana dificulta la trazabilidad eficiente de los terrenos, un requisito fundamental para cumplir con los estándares internacionales y asegurar la sostenibilidad ambiental. Esta problemática local se conecta directamente con la preocupación global abordada por el EUDR, ya que la certificación del origen y estado de los productos exportados desde Perú se ve comprometida por la falta de reconocimiento y saneamiento de las tierras en la región amazónica. ¿Cómo se sanea un terreno que tiene 50 años produciendo café por distintas comunidades en la Amazonía?

La ley que ha aprobado el Congreso no es anti-forestal ni mucho menos. Tampoco los empresarios que la apoyaron son anti-forestales. Esta ley es un primer paso saludable, pero requiere más reformas y normativas específicas. La Unión Europea y sus políticas proteccionistas, supuestamente en favor del medio ambiente, nos han metido a todos en un problema, y todos tenemos que juntarnos a dialogar y a buscar soluciones.

*Informe realizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú y publicado originalmente en Perú21