31 congresistas impulsan 8 proyectos para poder renunciar al cargo

En el Congreso existen 31 congresistas de seis bancadas que suscribieron ocho iniciativas legislativas para que se pueda renunciar al cargo congresal, a pesar de que artículo 95 y el artículo 15 del Reglamento del Congreso detallan que el cargo de congresista es irrenunciable.

Vigilante.pe revisó los proyectos de ley  y encontró que hay entre ellas hay una impulsada por la congresista Digna Calle, de Podemos Perú. Cabe recordar las recientes declaraciones de Calle sobre su intención de no asistir al Congreso, luego de su largo y placentero viaje por Estados Unidos. Este hecho generó controversia debido a que la ciudadanía espera que su representante ejerza el cargo de manera adecuada y alturada. En ese contexto, nace el cuestionamiento, ¿Calle quiere renunciar al cargo?

Las otras siete iniciativas fueron presentadas por el congresista Darwin Espinoza, de Acción Popular, quien está involucrado en el caso ‘Los Niños’. Le sigue el parlamentario Alex Paredes, del Bloque Magisterial. De la misma manera lo hizo la congresista Magaly Ruíz de Alianza para el Progreso. También están Guido Bellido, de Perú Bicentenario; Segundo Quiroz del Bloque Magisterial; Luis Aragón y Edwin Martínez, de Acción Popular. En total son 31 parlamentarios que firmaron las diversas iniciativas.

Cabe destacar que algunos de los proyectos señala que si un parlamentario renuncia también estará imposibilitado de presentarse para asumir otro cargo público como gobernador, vicegobernadore, etc.

Sobre estos proyectos, la Defensoría del Pueblo explicó que “los y las congresistas son elegidos mediante voto popular a fin de ejercer como representantes de la Nación, por lo que no se puede equiparar su régimen al de otros cargos de elección popular. Si bien su labor es principalmente legislativa, representan al pueblo en la deliberación de los asuntos público (…) a través de la irrenunciabilidad, la Constitución busca fortalecer al Parlamento, evitando que se presenten renuncias aparentemente válidas, pero que, en la práctica, puedan obedecer a amenazas o presiones de cualquier naturaleza que la ciudadanía ni siquiera tendría opción de conocer”.