Buena noticia: Indecopi declaró barrera burocrática la Ley que impide la tercerización laboral

El gobierno de Pedro Castillo, por medio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) impulsó, con todas las herramientas que el poder le brindaba, la ley que prohíbe la tercerización laboral en las actividades nucleares del negocio a pesar de que la norma nunca fue debatida por organismos como el Consejo Nacional del Trabajo. Es decir, se pasó por encima las entidades responsables. Lo insostenible de la medida generó que, meses más tarde, la Comisión de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declare esta ley como un impedimento para las empresas, debido a que contraviene la ley de tercerización y el principio de legalidad y derecho al trabajo digno. Una buena noticia.

Si bien el nuevo titular de la cartera de Trabajo, Luis Adrianzén, anunció que la gestión de Dina Boluarte reforzará la defensa del Decreto Supremo 001-2022-TR ante las instancias judiciales, lo cierto es que el ente encargado de velar por los derechos del consumidor declaró esta norma como un impedimento para que, por ejemplo, los pequeños y medianos negocios puedan funcionar con normalidad.

Diversos expertos advirtieron que la ley que prohíbe la tercerización solo iba a elevar el índice de informalidad laboral en Perú, el cual se posiciona en 75% a nivel nacional, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La baja tasa de trabajadores formales se incrementará gracias al alto número de despidos tras el anuncio de sanciones administrativas y legales a los empleadores que continúen tercerizando servicios. Tal es el caso del sector minero, el cual cuenta con alrededor del 70% de contratistas contratados bajo dicha modalidad.

Para la buena suerte de muchos, esta norma ha sido declarada como una barrera burocrática, la cual es sinónimo de una ley o procedimiento administrativo que imposibilita que el ciudadano y, sobre todo, la población económicamente activa (PEA) se desarrolle en el ámbito laboral de manera adecuada.

Tal y como mencionó el gerente del Centro legal de la Cámara de Comercio de Lima, Álvaro Gálvez, esta norma “contraviene la Ley 29245 o Ley de Tercerización, vulnerando el principio de legalidad y la Ley del Procedimiento Administrativo General”. No obstante, reconoce que el MTPE aún puede apelar la decisión, pero la entidad encargada de deliberar la continuidad o nulidad de dicho decreto será el Poder Judicial.

Además, según el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, “aunque el decreto supremo que prohibía la tercerización prácticamente ha muerto, la lección que nos deja es terrible: pesadillas como esta ocurren y ocurrirán de nuevo; normas y leyes tóxicas para el mercado se quedan ahí, vigentes, y vuelven imposible la formalidad, concentrando el mercado desde el Estado, generando que los pequeños se queden pequeños y los grandes se queden grandes, gracias a la ideología que supuestamente debería impedir que esto ocurra”.