Modifican normativa para reducir trámites burocráticos: ¿beneficiará a la inversión privada?

El rol ciudadano, en todas las regiones del país, para eliminar barreras burocráticas ilegales, es esencial. Durante el 2022, las denuncias ciudadanas motivaron la eliminación de 443 de estas medidas. En esa línea, el gobierno publicó el Decreto Legislativo 1565 que contiene nuevos requisitos que deberán cumplir las normas emitidas por las entidades del Estado para fomentar la eliminación de barreras burocráticas para la inversión privada.

El decreto establece 14 principios por los cuales todas las normas emitidas deberán regirse, e incluye la participación de la población, el uso de evidencia para justificar la intervención regulatoria, la necesidad de la norma (la justificación por la cual se escoge esa norma) y la sostenibilidad ambiental.

Las exigencias e instrumentos de calidad regulatoria aprobados se aplican a las entidades del Poder Ejecutivo, y no se hizo extensiva la medida a gobiernos regionales y locales. Asimismo, se habilita al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para inaplicar barreras burocráticas injustificadas, sea que fueran emitidas por el Poder Ejecutivo o por gobiernos regionales, o locales.

El gerente de asuntos legales y regulatorios de la Cámara de Comercio Exterior (Comex), Jaime Dupuy, explicó a Vigilante.pe que el decreto 1565 es una medida acertada para afinar y regular toda la normativa empresarial. “La sobre regulación, o la mala regulación, genera barreras en la actividad económica. La aprobación del decreto 1565 es muy positivo, porque ahora tendremos una norma con rango de ley, con miras a mejorar el panorama regulatorio. A nivel de todo el gobierno, todos están obligados a debatir antes de soltar regulaciones, contando con la intervención de la ciudadanía para tomar la mejor decisión, la más efectiva, poniendo al ciudadano en el centro de las normas”, mencionó.

La nueva regulación refuerza el sistema de barreras burocráticas, lo que “le da herramientas al privado para atacar las regulaciones que se implementaron mal por ser ilegales o por no ser equitativas. Entonces esta nueva medida permite filtrar las regulaciones antes de ser dispuestas, y filtra las que ya existen. En un cierto rotundo por parte del Congreso”.

En de los requisitos publicados se establece que al momento de cuestionar si una norma es barrera o no, se asuma que sí lo es, estableciendo un beneficio para el ciudadano desde un primer momento. Con ello, se refuerza la idea de que esta normativa tiene al ciudadano empresario como centro, lo que favorecería el crecimiento de las empresas privadas.

Por otro lado, ahora se cuestiona no solo si la medida es ilegal, sino también si es racional y pertinente frente a un problema. Se podrá inaplicar con efectos generales barreras burocráticas carentes de razonabilidad contenidas en regulación (disposiciones administrativas generales), siempre que el procedimiento haya sido iniciado de oficio. Antes, la inaplicación general surtía efecto solo sobre barreras ilegales. Sin embargo, esta mejora se podrá aplicar a casos en trámite y no a los concluidos.

De acuerdo a Dupuy, la publicación de este decreto es un “acierto rotundo”, debido a que ayudará a reducir los costos que los trámites generan a las empresas peruanas, sobre todo a las PYMES. Desde su punto de vista, son las municipalidades distritales las entidades que ponen más trabas a los negocios, por lo que regular de mejor manera las medidas permitirá evitar desaciertos como el cierre arbitrario de locales por errores no tan severos, así como reducir la informalidad empresarial en nuestro país.

BUROCRACIA EN NUESTRO PAÍS

Vigilante.pe accedió al informe Índice de Burocracia en América Latina 2022, elaborado por Atlas Network y Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida, donde se concluyó que los empresarios en Perú están obligados a realizar 48 trámites burocráticos al momento de ser formales. Así, el empresario peruano de una pequeña empresa invierte 591 horas en el cumplimiento de trámites burocráticos, lo que equivale a 25 días al año dedicados únicamente a la ejecución de estas obligaciones, abarcando el 10% del total de días hábiles.