No se creen el cuento: peruanos de la macroregión sur consideran que el informe de la CIDH está parcializado

Peruanos no se creen el cuento. Datum reveló que el 49% de peruanos se encuentra en desacuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas ocurridas en diciembre del 2022 tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

A pesar del intento del sector político de izquierda, que intentó imponer una narrativa sobre las manifestaciones, donde además se intentaron tomar aeropuertos, se quemaron sedes fiscales y judiciales, el 59% de nuestros encuestados aseguró que el referido informe está parcializado y que responde a intereses políticos. Recordemos que, dentro de su contenido, no incluye un análisis sobre las marchas en contra del expresidente Castillo y las muertes que se provocaron por la nula gestión.

De acuerdo a lo mencionado por la directora de la institución, Urpi Torrado, el 50% de peruanos residentes en la macroregión sur comparten dicha postura, incluso, cuando existe un rechazo hacia la gestión presidencial de turno. Es preciso mencionar que protestas iniciaron tras la vacancia de Castillo y, además de exigir su restitución en el cargo, los manifestantes solicitaban el cierre del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

No sorprende la postura en Arequipa, Apurímac, Puno, Moquegua, Cusco y Tacna, puesto que los ciudadanos, que no eran partícipes de las violentas protestas, presenciaron los niveles más altos de conflictividad durante las marchas.

Elizabeth Zea, abogada especialista en Derechos Humanos, comentó a Vigilante.pe que es posible observar un sesgo ideológico dentro del informe, el cual defiende un discurso particular dirigido mayoritariamente por grupos radicales de izquierda. “(El informe de la CIDH) pasó por alto manifestaciones como las de agosto y noviembre de 2021, el conflicto de Las Bambas, el bloqueo en el corredor minero y la marcha convocada por los transportistas y agricultores. Quiero creer que no fue intencional, pero aquí no existió pronunciamiento por parte de la Comisión”, dijo.

Es importante hacer hincapié en frases como “al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” o “hubo graves violaciones a los derechos humanos y que los policías y militares hicieron uso desproporcionado y letal de la fuerza que provocó la muerte de 49 personas”, las cuales son utilizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el documento, debido a que podría configurar como una acusación que recae sobre los agentes del Estado, incluso, cuando las investigaciones aún no concluyen.

Si bien un 27% de peruanos aseguró que el contenido del documento es objetivo, se puede observar un desconocimiento sobre el Estado peruano y sus instituciones debido a que se obvió información sustancial. Para Zea Marquina, en este texto existen “imprecisiones que le restan objetividad al análisis al concluir que las protestas se deben a la discriminación histórica étnica racial, sin siquiera mencionar que el partido que llevó al poder a Castillo y otros de izquierda”.