Financiamiento de partidos políticos: ¿en qué usan el dinero que les entregó el Estado?

En las elecciones generales del 2021 fueron 10 los partidos político que lograron representación en el Congreso y, tal como dispone la ley, les correspondió una subvención del Estado a su favor para fines de capacitación de sus militantes, eventos propios de los partidos y otros.

En detalle, El Estado destinará el equivalente al 0.1% de la UIT por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. Este dinero será detallado en el Presupuesto General de la República. Así, Solo entre julio a diciembre del 2022 se destinó S/ 7’798,001.64, a favor de:

Partido Político Nacional Perú Libre: S/ 1,075,639.61

Fuerza Popular: S/ 957,530.59

Renovación Popular: S/ 843,268.72

Acción Popular: S/ 825,571.61

Alianza para el Progreso: S/ 741,414.23

Avanza País – Partido de Integración Social: S/ 741,130.77

Juntos por el Perú: S/ 687,321.48

Partido Democrático Somos Perú: S/ 661,153.18

Podemos Perú: S/ 644,211.68

Partido Morado: S/ 620,759.78

¿CÓMO HAN GASTADO ESE DINERO?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales estableció como fecha límite el 16 de enero de 2023 para que los partidos políticos presenten su rendición de cuentas por los gastos ejecutados correspondientes al periodo de julio a diciembre 2022.

Así, se conoció que Avanza País destinó S/ 465 000 a cursos de capacitación profesional de Global Perú Comunicaciones SAC. Esta situación no tendría nada de extraño, salvo que la sede de la empresa es un local de fotocopias y además, según Sunat, la empresa comenzó a funcionar 15 días antes de ganar el contrato.

En Fuerza Popular, según su rendición de cuentas, se destinó al pago de personas que trabajan en el partido. Es el caso de Carmela Paucará, secretaria personal de Keiko Fujimori; Adriana Tarazona, tesorera del fujimorismo; y Pier Figari Mendoza, asesor personal de la lideresa. Un dato relevante es que los implicados también han sido investigados por lavado de activos y organización criminal en el marco del caso Odebrecht.

Según el portal El Foco, se gasta hasta 84 mil soles en el pago de los tres partidarios por “prestación de servicios” para coordinador actividades, “asistente de recursos humanos” y “asesorías de formación y capacitación”.

En tanto, en Perú Libre se conoció que el sentenciado exgobernador regional de Junín, Vladímir Cerrón, quien es el secretario general del partido, percibe un sueldo de S/12,000 mensuales, con fondos del estado. De la misma manera, el partido del lápiz destinó S/ 7,000 de sus recursos públicos al pago de Luis Mori, quien además es sindicado como uno de los testaferros de Cerrón, en el caso que se le sigue por lavado de activos.

Renovación Popular (RP) tampoco se queda atrás. Se reveló que para el alquiler del local partidario en el distrito de Jesús María se destinó S/47,000. Según el periodista Christopher Acosta, el dueño del local es PRODEC (Promotora Desarrollo, Educación y Cultura) que sería presidido por Rafael López Aliaga, líder de la agrupación.

Sobre el caso, la bancada de RP pidió que se realice las gestiones pertinentes. Por su parte, López Aliaga negó que PRODEC, al ser una ONG, no tiene dueño.

El Partido Morado tampoco está exento de situaciones irregulares. En noviembre de 2022, la exmilitante morada, Lisseth Meléndez, denunció que el partido gastó “S/300,00 en llevar la contabilidad, S/200,000 en temas legales y S/ 500,000 de capacitaciones que nunca existieron”.

Sobre este caso, el contralor general de la República, Nelson Shack, adelantó que su entidad no hará ninguna acción de control sobre el financiamiento público debido a que no le compete.

“No habrá ninguna acción de control. Son S/ 7 millones que dispuso la ONPE para los partidos y, de acuerdo a la Ley, no están bajo la competencia de la Contraloría, sino de la ONPE. Ellos tienen una dirección de fiscalización especializada. No entramos en esa situación”, declaró.