¿Cuándo inició la descentralización en el Perú?

¿Cuándo se inició el proceso de descentralización? ¿Quiénes lo propusieron? ¿Quiénes lo encaminaron? Los primeros intentos de concretar la descentralización comenzaron en 1979, durante el gobierno del acciopopulista, Fernando Belaunde Terry. Sin embargo, la propuesta no tomó impulsó y, con el paso de los años, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo buscaron continuar con los planes, pero se estancaron.

La Constitución de 1979 fue la que implementó por primera vez la creación de gobiernos regionales a partir de un Plan Nacional de Regionalización, el cual fue aprobado por el Congreso e integraba departamentos hasta crear 12 regiones. Durante el primer gobierno de Alan García debían promulgarse las leyes que permitieran la creación de dichas regiones, así como la asignación de sus funciones, competencias y entes reguladores. Sin embargo, el proceso fue interrumpido en 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso, y de paso, los gobiernos regionales.

Años más tarde, en 1998, Fujimori promulga la Ley Marco de Descentralización, que crea los Consejos Transitorios de Administración Regional, como órganos desconcentrados, ratificando que “el territorio de la gestión es departamental”.

El diseño del plan

En 2002, Alejandro Toledo llega a la Presidencia prometiendo regresarles a las regiones el poder que habían perdido. Planteó el rediseño de un plan de descentralización y la convocatoria a elecciones regionales en su primer año de gobierno, aunque no había una ley orgánica para ello. Lamentablemente, no corrigieron los errores y siguieron el modelo creado en los ochenta y noventa. Las premisas que seguía eran las siguientes:

1.Las regiones se crearían no por un plan presentado al Congreso, sino por referéndums de integración presentados por las élites de los departamentos que quisieran unirse a otros.

2.Los ministerios serían quienes elaboraran una lista de competencias y las regiones una de demandas, para que luego se evalúe la viabilidad de las obras.

3.No tendrían un órgano representativo, sino únicamente un consejo que no estorbara el trabajo del gobernador.

Sin embargo, estas no parecían estar relacionadas con los objetivos explícitos en la Ley de Bases de la Descentralización. De acuerdo con esta norma, el proceso debía propiciar el “desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones” y facilitar el “desarrollo económico, autosostenido y de la competitividad de las diferentes regiones y localidades del país, con base en su vocación y especialización productiva”, entre otros.

El inicio del proceso coincidió con el incremento en los precios de los minerales, lo que generó el incremento de los recursos disponibles para obras. Una nueva Ley Orgánica de Municipalidades, promulgada en 2003, dictaminó la prioridad de obras, sobre servicios a los ciudadanos. Sin embargo, no había una planificación clara por regiones.

¿Y qué pasó después?

Desde el 2007, no se avanzó lo esperado, sino que se estancó el proceso. Hoy, cada municipalidad y cada gobierno regional puede construir sus estrategias utilizando los recursos públicos, como hacer obras que consideren pertinentes para la región.

Aunque en su momento, 7 de cada 10 peruanos estaba a favor de la descentralización, hoy no hay mayores esfuerzos. Por ejemplo, programas como Qali Warma, Haku Wiñay, Agrorural o el Fondo Sierra Azul se crearon en Lima, para ser replicados, no siempre con éxito, en regiones.

A la fecha, el Perú tiene hoy 1,915 órganos de gobierno descentralizado, todos ellos con competencias para realizar obras de casi todos los sectores; así como 25 Gobiernos Regionales, uno por departamento, más una región en el mismo ámbito de la Provincia del Callao.

Resulta claro que los objetivos para este proceso de descentralización nunca estuvieron muy claros, y los que se detallaron en la Ley de Bases de la Descentralización no bastaron para organizar a tantas regiones. Hoy más que nunca, la educación, la salud, el transporte y la vivienda ponen de relieve la necesidad de que el Estado marque una hoja de ruta clara para lograr que cada región posea las competencias necesarias para el bienestar de los ciudadanos.