¿Historia de nunca acabar? Puno tuvo seis gobernadores implicados en actos de corrupción desde el 2003 hasta el 2022

Puno afronta una situación crítica debido a la crisis política, social y económica debido a la ola de protestas que impulsan dirigentes radicales y un sector de la población con la finalidad de que la presidenta Dina Boluarte renuncie el cargo, se cierre el Congreso y se allane el camino para una Asamblea Constituyente.

Pero esa misma facción que bloquea el avance de la región no propone soluciones para que la región deje de ser una de las más pobres del país. La paralización de Puno tardará entre de 2 a 3 años en recuperarse. Por ejemplo, las pérdidas por la cancelación de la Fiesta de la Candelaria, el Carnaval de Juliaca y otras manifestaciones culturales folklóricas, superan los S/ 300 millones. Además, el ingreso por habitante en la región es el segundo más bajo, siendo solo S/805.

Cabe recordar que el gobernador regional actual es Richard Hancco Soncco, quien respaldó las protestas en su región. Esta autoridad hasta el momento no ha ejecutado su presupuesto, lo que generará un impacto negativo en los ciudadanos.

¿Cómo entender esta situación? La repuesta se puede tener de un repaso al historial de los gobernadores de la región, revela una situación lamentable: la mayoría de los exfuncionarios estuvieron implicados en casos de corrupción donde se vieron beneficiados. Incluso, han sido sentenciados por la justicia.

David Jiménez Sardón del Movimiento por la Autonomía Regional Quechua y Aymara (2003 al 2006)

La Fiscalía solicitó 15 años de cárcel para Jiménez por los delitos de corrupción, colusión desleal y malversación de fondos. Al exgobernador se le acusó de malversar más de S/ 23 millones que estaban destinados para las personas damnificadas por las inundaciones en el año 2003, atender temas de educación, salud y otros. Sin embargo, la Sala de Apelaciones de Puno absolvió de todos los cargos a Jiménez Sardón.

Hernán Fuentes Guzmán del partido Avanza País – Partido de Integración Social (2007 – 2010)

Fuentes era conocido por ser cercano al condenado Antauro Humala y por su asociación con Bolivia, Cuba, China y Venezuela. Durante su gestión habría cometido irregularidades en la ejecución del Hospital Materno Infantil de Juliaca, donde autorizó el pago de más de 5 millones de soles por concepto de pago para materiales de construcción, pero que nunca ingresaron a los almacenes del gobierno regional.

Por ello, el 13 de mayo del 2011 fue condenado a una pena de 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por la comisión del delito de peculado en forma de usurpación de funciones en agravio del Gobierno Regional de Puno.

Mauricio Rodríguez Rodríguez del Proyecto Político Aqui (2011 – 2014)

Rodríguez fue investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de peculado, falsificación de documentos y abuso de autoridad en la modalidad de omisión de funciones al detectarse que se aprobaron expedientes técnicos con firmas falsas de ingenieros civiles para construir locales de 85 instituciones de educación inicial en la región.

Juan Luque Mamani del Proyecto de la Integración para la Cooperación (2015 – 2018)

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos De Corrupción de Funcionarios de Puno, dispuso una investigación preliminar por 60 días contra Luque por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios, en su forma de negociación incompatible. Luque habría contratado a la empresa de su esposa para comprar  artículos deportivos para las diversas Unidades de Gestión Educativas (UGEL) y redes de salud.

La autoridad ya estaba siendo investigada por una comisión especial del consejo regional por haberse contratado como proveedora a la empresa “Americ” de propiedad de su cónyuge, Amelia Huanca, para dotar de artículos deportivos a Ugels y redes de salud.

Walter Aduviri Calisaya del Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (2019 – 2020)

Aduviri fue condenado a seis años de prisión por ser coautor del delito de disturbios durante las protestas del denominado caso ‘Aymarazo’. El proceso judicial inició el 2011 a consecuencia de la quema y saqueo de instituciones del Estado que ocurrieron en Puno durante las protestas contra un proyecto minero.

Tras conocer del hecho, Aduviri se mantuvo prófugo, pero a pesar de ello postuló al gobierno regional. En 2019 fue detenido y enviado a una cárcel. Sin embargo, fue excarcelado del Establecimiento Penitenciario Puno tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia en declarar fundada en parte su recurso de casación. Así, la pena fue sustituida por cuatro años de cárcel suspendida por la Corte Suprema de Justicia.

Agustín Luque Chayña del Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (2020 – 2021)

Aduviri no podía continuar en el cargo tras ser condenado, por lo que, mediante la sucesión legal de autoridades, asumió Luque Chayña, quien también estuvo envuelto en irregularidades.

El Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Puno ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Luque Chayña, por la presunta comisión del delito de colusión agravada, pues habría accedido a anular el cobro de las penalidades impuestas a una empresa por retrasos en los trabajos de construcción.

Germán Alejo Apaza Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (2021 – 2022)

Tras lo ocurrido con Luque, el gobierno regional fue encargado a Apaza, funcionario allegado al régimen del boliviano Evo Morales. Incluso mostró su interés para que la región Puno forme parte del proyecto Runasur.