Salud pública: ¿los privados tienen la culpa?, por José Ignacio Beteta

Cuando se mira la evidencia y los datos, resulta que la realidad es muy diferente. La raíz de los problemas de nuestras poblaciones vulnerables o pobres radican en la ineficiencia y burocracia del Estado y sus inadecuados servicios púbicos.

Recuerdo, en 2019, haber leído parte de un informe titulado “los dueños de la comida” elaborado por la plataforma de investigación Ojo Público. El informe, como canta el clásico bolero, culpaba a las empresas privadas de “ultraprocesar” alimentos y “controlar” el mercado.

También en 2019, la congresista Sonia Bustos, del entonces existente partido político Cambio 21, presentó el proyecto de ley antimonopolio que regulaba y limitaba el abuso de posiciones dominantes en la venta de medicamentos sobrevalorados en farmacias de clínicas privadas. Como su nombre lo indica, la iniciativa tenía como fin regular los precios de los medicamentos que se vendían en las farmacias de las clínicas privadas, “toda vez que su comercialización se encuentra sobrevalorada, a diferencia de otras farmacias o boticas, que ofrecen a un costo accesible para el paciente”.

Y a inicios de este año, el premier Aníbal Torres tomó la misma leyenda pero la enfocó de otra forma. Ante la crisis, el alza de precios y la inflación, declaró: “Tenemos que combatir necesariamente los monopolios y los oligopolios porque estas situaciones son las que determinan que los precios se eleven considerablemente, si no vamos a combatir eso, no se puede hablar de economía social de mercado”.

Misma fórmula. Una y otra vez, todos los años.

Sin embargo, cuando se mira la evidencia y los datos, resulta que la realidad es muy diferente. La raíz de los problemas de nuestras poblaciones vulnerables o pobres radican en la ineficiencia y burocracia del Estado y sus inadecuados servicios púbicos.

Un reciente estudio de Videnza Consultores reveló que el 43% de asegurados en EsSalud y el SIS adquieren sus medicamentos a través de farmacias o boticas privadas porque el Estado no es capaz de distribuirlos por los canales adecuados.

Hecho inexplicable, además, toda vez que EsSalud y el Ministerio de Salud congregan al mayor porcentaje de la población asegurada (95%) y casi el mismo porcentaje de compra del total de medicamentos del país. Por esta negligencia estatal de años, el 43% de asegurados en EsSalud y SIS acceden a los fármacos a través de boticas y farmacias privadas.

Asimismo, el informe de la consultora privada mostró que sólo 2 establecimientos médicos de salud estatal de primer nivel cuentan con una disponibilidad de medicamentos superior al 80%. ¿Qué sucede con los demás hospitales regionales o instituciones de salud en provincias y distritos? El drama lo viven los pobres todos los días. Eso es lo que sucede.

Finalmente, de acuerdo al estudio también, por todo ello, las personas de escasos recursos gastaron hasta 4.5 veces mas que el resto de peruanos en adquirir medicinas solo en 2020: “Ante los problemas de desabastecimiento público, los ciudadanos efectuaron gastos de su propio bolsillo para comprar los medicamentos necesarios o para automedicarse”, señala Videnza.

No hay mito que oculte esta realidad, no hay político o plataforma periodística que pueda rebatir estos datos, pero claro, más fácil es salir con un cuento de división, de odio, de oprimidos y opresores, de malos y buenos, de santos y villanos, donde los santos llevan sombrero, les dicen “lagarto”, o guardan 20 mil dólares en un baño en Palacio de Gobierno. Eso es lo que el pueblo consume, pero eso es justamente lo que el pueblo no debe creer.

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