Gobierno aguanta la restitución de Daniel Soria como Procurador General del Estado
Redacción Vigilante
Publicado 4:46 pm, 12 octubre, 2022
Poder Judicial declaró fundado amparo que interpuso Daniel Soria tras destituido del cargo de procurador general después de denunciar a Pedro Castillo en diciembre de 2021. A pesar de la decisión, desde el gobierno afirmaron que no lo restituirán hasta que se emita una “sentencia firme”.
Las pretensiones del Gobierno por tener injerencia en la Procuraduría General del Estado quedó en evidencia tras las movidas estrategias del premier, Aníbal Torres, y el ministro de Justicia, Félix Chero, para sacar del cargo al procurador Daniel Soria poco después de formalizar una denuncia contra el presidente Pedro Castillo, en diciembre del 2021, ante la fiscal de la Nación por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias la cual se sustentó en las presuntas reuniones del mandatario en el despacho clandestino de Sarratea con la lobista Karelim López para concertar la obra del Puente Tarata III.
Así, en medio de la controversia, el Ejecutivo decidió remover del cargo a Soria el primero de febrero del 2022. En su reemplazo, el 25 de febrero, se designo a la abogada María Caruajulca. No pasó mucho tiempo para que se revelara que la designación de la nueva procuradora tenía irregularidades.
La Contraloría publicó un informe donde evidenció “una situación contraria y desfavorable en la designación en la Procuraduría General del Estado de Caruajulca”, al no solicitarse su declaración jurada sobre denuncias existentes en su contra por su desempeño en otras instituciones. Según el informe, ni el Minjus ni la Procuraduría cumplieron con requerir a Caruajulca la declaración jurada de no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado.
Tras el informe de la entidad de control, el gobierno retiró del cargo a Caruajulca el 6 de octubre, colocando en su reemplazo al abogado Javier Wilfredo León Mancisidor, personaje vinculado al narcotráfico. Tras conocerse del hecho, el propio León renunció al cargo. De esta manera, en medio de las investigaciones al presidente Castillo, la entidad que defiende los intereses del Estado quedó, hasta el momento, sin un titular.
EL REGRESO DE SORIA
Tras ser separado, Soria inició un procedimiento legal para su reposición al cargo aduciendo que este era ilegal, en tanto no posee fundamentos jurídicos válidos. Así, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado el recurso de amparo que presentó el funcionario y ordenó al Poder Ejecutivo restituirlo en su cargo tras ser separado en febrero de este año.
«Para ser removido de dicho cargo, existen causales previstas en el artículo 17.3 del dispositivo legal antes mencionado (Decreto Legislativo n.º 1326); las cuales, en el presente caso, no se aprecia que hayan sido desarrolladas en la resolución suprema, materia de la presente demanda constitucional”, se lee en la resolución.
A pesar de la petición formal, desde el premier Torres adelantó que “no hay una sentencia firme y definitiva” respecto de la reposición del procurador Soria. “Si se llegara al caso y existiera una sentencia definitiva, por supuesto, nosotros respetuosos de las decisiones judiciales, ejecutaremos esa resolución inmediatamente”, afirmó.