La Libertad: Contraloría cuestiona uso de S/12,9 millones en contrataciones de personal

La Contraloría cuestiona el uso de recursos destinados a inversiones para contratar a 397 profesionales durante 2024. El Gobierno Regional defiende la legalidad de los contratos, mientras una auditoría identifica S/310.062 en pagos excesivos.
Redacción Vigilante Publicado 12:25 pm, 20 noviembre, 2026

Durante 2024, el Gobierno Regional de La Libertad destinó S/12,9 millones a la contratación de 397 profesionales mediante procedimientos que ahora cuestiona la Contraloría General de la República. Una auditoría difundida en noviembre de 2026 identifica presuntas irregularidades en el financiamiento de estos contratos y en el cumplimiento de requisitos administrativos. Los hallazgos ponen bajo examen cómo se autorizó el uso de recursos vinculados a inversiones públicas.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 065-2026-2-5342-AC, la entidad realizó modificaciones y certificaciones presupuestales que permitieron financiar las contrataciones con recursos del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), canon y otras fuentes vinculadas a inversiones públicas. Estos procedimientos habrían permitido ajustar la distribución del presupuesto y acreditar la disponibilidad de fondos. La Contraloría cuestiona que se hayan utilizado recursos sujetos a restricciones legales para pagar al personal contratado.

La auditoría también señala que los profesionales fueron contratados sin concurso público, que sus plazas no estaban presupuestadas ni contempladas en el Cuadro para Asignación de Personal y que no fueron incorporados al registro centralizado de planillas del sector público. Los cuestionamientos alcanzan así tanto el financiamiento como los requisitos administrativos que debían cumplirse antes de autorizar los pagos.

El Gobierno Regional rechaza que las contrataciones hayan sido ilegales. Su gerente de Administración, Jobvito Flores Mariños, sostiene que el artículo 38 del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM permite contratar temporalmente personal para proyectos de inversión sin exigir necesariamente un concurso público. También señala que los gastos fueron registrados bajo una clasificación presupuestal correspondiente a inversiones y estudios técnicos. La controversia comprende, por tanto, no solo la modalidad de contratación, sino también las condiciones presupuestales y administrativas observadas por la Contraloría.

Más de S/167 mil pendientes de recuperación

Las observaciones sobre las contrataciones también alcanzan el pago de remuneraciones. En diciembre de 2024, el propio Gobierno Regional informó que había detectado pagos superiores a los establecidos en los contratos de 20 profesionales, por más de S/200.000. La entidad presentó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó una auditoría a la Contraloría.

Los resultados difundidos en noviembre de 2026 identifican pagos en exceso por S/310.062 a 50 profesionales. Según el organismo de control, 37 devolvieron los importes correspondientes, mientras que S/167.919 permanecían pendientes de recuperación al momento del reporte. La auditoría también identifica presunta responsabilidad penal y administrativa en 17 funcionarios y servidores públicos, y el informe fue remitido a las autoridades competentes.

El caso deja dos asuntos pendientes: esclarecer si las contrataciones cumplieron las normas presupuestales y administrativas, y conocer cuánto dinero ha recuperado el Gobierno Regional por los pagos excesivos. La disponibilidad de presupuesto no justifica por sí sola cualquier gasto. Cada contratación financiada con recursos públicos debe responder a una necesidad acreditada, cumplir las reglas correspondientes y estar sujeta a controles que eviten pagos indebidos.

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