ANIN solo ejecutó el 36% de los recursos de sus obras más antiguas de prevención y reconstrucción

La posibilidad de un Fenómeno del Niño de fuerte intensidad y el riesgo permanente de un gran terremoto vuelven a poner en evidencia una debilidad estructural del Estado peruano: su limitada capacidad para prevenir desastres antes de que ocurran.

Aunque el país ha acumulado experiencia tras eventos como El Niño costero de 2017 y los terremotos del sur de 2001 e Ica de 2007, la ejecución de las principales obras de prevención y reconstrucción continúa rezagada.

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) (heredera de la antigua Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ARCC) solo ha ejecutado, en promedio, el 36% del presupuesto comprometido para las obras de prevención de desastres y reconstrucción iniciadas antes de 2023. En total, 96 proyectos registran un lento avance.

Un país altamente expuesto

Entre 2015 y 2024, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) registró más de 57 mil emergencias de origen natural, que afectaron a 9,5 millones de personas, dañaron 1,2 millones de viviendas, además de 6 mil puentes y 32 mil kilómetros de carreteras.

Las lluvias intensas concentraron la mayor parte de los daños. Representaron el 40% de las emergencias registradas y explicaron el 63% de las viviendas afectadas, el 74% de los puentes dañados y el 75% de las carreteras comprometidas.
Este escenario cobra mayor relevancia ante la advertencia sobre un posible Fenómeno El Niño costero de intensidad fuerte, que incrementaría el riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos hasta inicios de 2027.

Infraestructura vulnerable

La exposición al riesgo también está asociada al estado de la infraestructura existente. En Perú, el 77% de las viviendas son informales, es decir, fueron construidas sin condiciones adecuadas de seguridad o sin respaldo legal sobre el terreno. Al 2025, el 72,4% de estas viviendas tiene pisos inadecuados, el 50% techos deficientes y el 29% paredes de materiales precarios.

A ello se suma la situación de la infraestructura educativa. Cerca de 27 mil colegios requieren ser reemplazados por completo, lo que afecta a más de 1,2 millones de estudiantes. Al ritmo de ejecución observado entre 2021 y 2025, cerrar esta brecha demandaría alrededor de 24 años, mientras que en regiones como San Martín, Amazonas y Loreto tomaría más de cinco décadas.

Por otro lado, muchos proyectos cuya finalidad es construir barreras y sistemas de mitigación ante potenciales emergencias también siguen inconclusos. Un ejemplo es el proyecto Quebradas San Idelfonso y San Carlos, en La Libertad, una intervención destinada a proteger a más de 800 mil personas frente a inundaciones y huaicos, que a inicios de 2026 registraba un avance físico de 70%. Otro caso es el Proyecto Integral del Río Rímac, en Lima, diseñado para disminuir el riesgo de inundaciones y movimientos en masa, pero que aún mantiene componentes en etapa de diseño. Los retrasos en estas obras prolongan la vulnerabilidad de miles de familias frente a fenómenos naturales cuya ocurrencia es recurrente. Es importante resaltar que estas obras estaban planeadas para estar listas para el presente año y combatir al Fenómeno del Niño actual, algo que evidentemente no ocurrirá.

Menos recursos para las zonas más expuestas

El Instituto Peruano de Economía (IPE) también advierte que, en 2026, el presupuesto por habitante destinado a la gestión de desastres en la zona norte del país es casi 30% menor, en términos reales, que el promedio ejecutado durante la última década. Este dato se contrapone al hecho que el Perú es, según un reporte reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país que más invierte por ciudadano en presupuesto para combatir fenómenos naturales. Es decir, el presupuesto ha sido redireccionado hacia otras prioridades, como gasto corriente, pero se ha reducido el presupuesto para proteger con obras a los peruanos más vulnerables; en este caso los residentes del norte del país.

Para el IPE, el principal desafío no es únicamente disponer de mayores recursos, sino lograr que el Estado ejecute con mayor rapidez las inversiones destinadas a reducir la vulnerabilidad del país frente a fenómenos naturales que, por su recurrencia, seguirán poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones públicas.